La decisión del Supremo es consecuencia de la anulación previa, también acordada por el alto tribunal en febrero de este año, de la inspección desarrollada por Competencia en mayo de 2010 en las sedes de Trasmediterránea en Alcobendas y Palma de Mallorca. Según expone, las órdenes de investigación "fueron sumamente genéricas y tenían un claro déficit sobre la información mínima indispensable respecto al objeto y alcance de la investigación, que exige la Ley de Defensa de la Competencia".
El Supremo destaca que los datos obtenidos no tienen valor alguno por haberse obtenido con vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, por lo que se produce insuficiencia probatoria para dictar las resoluciones sancionadoras, que en parte relevante se basaron en esos datos. Por tanto, anula las sanciones al entender que no hay pruebas suficientes de las infracciones.
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