Continúa la incertidumbre en el Sector Turístico. A tan sólo dos meses para la aplicación de la Directiva Europea de Servicios, o Directiva Bolkestein, la práctica totalidad de Comunidades autónomas, a excepción de Madrid, no se han pronunciado al respecto. La implantación de esta normativa, que implicará, entre otros aspectos, la eliminación del título-licencia de agencia de viajes para comercializar productos turísticos, será obligatoria a partir del 28 de diciembre de 2009.
El Sector de agencias de viajes se mantiene expectante ante esta medida, que podría suponer un antes y un después para la comercialización de productos turísticos. En primer lugar, el aval es una de las grandes preocupaciones, aunque, tal y como afirma el presidente de FEAAV, Rafael Gallego, confiamos en que "siga siendo necesario, ya que con él se protege al consumidor final". "La eliminación de este requisito supondría la multiplicación de situaciones irregulares", añade. La Comunidad de Madrid, a través de la dirección de Turismo, manifestaba a NEXOTUR que "en principio se iba a mantener el aval".
Más allá de este asunto, Gallego, que muestra su confianza en que la profesionalidad de las agencias para superar este nuevo escollo, pide a las administraciones que "armonicen sus normativas". El presidente de la Federación considera que la entrada en vigor de la Directiva Bolkestein es un momento idóneo para que las Comunidades "apliquen legislaciones iguales". En este sentido, Gallego afirma que según ha podido saber, "existe voluntad" y algunos Gobiernos regionales "ya han comenzado a hablar".
Unidad normativa autonómica
En esta línea se pronuncia el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Andrés Melián, quien reclama la adopción de medidas encaminadas a la unidad normativa autonómica, ante su inminente aplicación. Con dicho acuerdo se evitaría, a juicio de Melián, que "cada uno promulgue su legislación con independencia de lo que puedan legislar el resto". Según el presidente de dicha entidad, "resulta totalmente indeseable que las empresas turísticas y los usuarios de sus servicios puedan tener distintos derechos y deberes, según el ámbito de la Comunidad autónoma en el que se encuentren".
Aunque asegura "no discutir las competencias" de los Gobiernos autonómicos en materia turística, Melián explica que "de alguna manera lógica debería alcanzarse el objetivo señalado". "El sector privado espera que sus gobernantes sean capaces de encontrar solución a esta cuestión, máxime cuando ya se está desarrollando la Directiva Europea de Servicios", sentencia.
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