El resultado de la votación, que todavía debe ser ratificada por el pleno, contradice la posición de los Estados miembros, que rechazan una directiva europea que les imponga la financiación pública de las medidas de seguridad. Pese a la iniciativa del Parlamento, para que se apruebe esta norma se requiere un acuerdo entre las dos instituciones.
En la actualidad, cada país aplica sus propias reglas para determinar quién paga los costes de seguridad. Aunque en algunos casos los Gobiernos participan en la financiación, como es el caso de Luxemburgo, lo más común es que las autoridades aeroportuarias repercutan estos costes a las aerolíneas, que a su vez lo hacen a los pasajeros. Además de esta demanda, los parlamentarios piden que se informe a los viajeros de la proporción de los costes de seguridad en el precio final.
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