El objetivo principal de esta nueva contabilidad que afecta al 90% de las empresas es, según ha indicado el socio de PwC Oscar Alonso, "armonizar las normas contables españolas y determinados aspectos de la normativa mercantil-societaria con las Directivas de la Unión Europea" así como "alinearlas con las normas internacionales de contabilidad" en las cuales "prima el punto de vista del inversor" frente al del gestor de la empresa.
Además, ha añadido Alonso, hay que destacar que el Plan finalmente aprobado "conserva ciertas particularidades de la normativa anterior" lo que supone una serie de problemas para su "adecuada interpretación" tanto para las empresas como para los auditores y organismos reguladores.
En este sentido, el socio de PwC ha señalado que la aplicación de este Plan ha influido en las empresas hoteleras en "tres cuestiones principales", la primera de las cuales es en el aspecto psicológico ya que la correcta aplicación de esta nueva normativa pasa por la convicción de la empresa y sus equipos de que tras 20 años "sin modificaciones de relevancia" ahora es necesario "aprender una nueva terminología contable".
En segundo lugar, el nuevo Plan ha supuesto, según Alonso, una revisión de los programas informáticos contables que utiliza la empresa para ver si permiten, entre otras tareas, "recoger los cambios terminológicos, preparar los nuevos modelos de cuentas o elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto" y, finalmente, en el ámbito fiscal hay que verificar que cada cambio motivado por el nuevo Plan "no tiene un impacto fiscal adverso".
Cambios para el Sector
Por otro lado, el socio de PwC ha manifestado que la aplicación de esta normativa ha afectado a determinados aspectos de las empresas que deberían "ser objeto de especial atención" por el impacto de la nueva regulación en "la presentación de la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera ante terceros (bancos, socios, etc.) y la carga tributaria asociada".
De esta manera, Alonso ha destacado diversas cuestiones que han significado cambios para las compañías del Sector como la exigencia de atender a la realidad económica frente a la forma jurídica de cada hecho o transacción— un aspecto "importante" para distinguir los contratos de arrendamiento financiero de los operativos—; la imposibilidad de amortizar los fondos de comercio y la obligación de efectuar "un test de deterioro anual" de este activo o la necesidad de "calificar adecuadamente las inversiones inmobiliarias" (activos destinados a la obtención de rentas o plusvalías) frente a activos "de similar naturaleza" no corrientes mantenidos para la venta y por ello "no amortizables pero susceptibles de sufrir correcciones valorativas".
