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El impuesto de Cataluña a las emisiones de la aviación comercial en El Prat ‘distorsiona la competencia efectiva’, según la CNMC

Competencia se muestra crítica con el impuesto aprobado por la Generalitat de Cataluña que grava con entre 1,5 y tres euros a los pasajeros que llegan a El Prat. El organismo no ve efectos positivos sobre el medio ambiente y teme que su aplicación suponga una "distorsión de la competencia".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone en duda la idoneidad del impuesto aplicado por la Generalitat de Cataluña a las emisiones contaminantes de la aviación comercial. Según expone, la introducción de un impuesto en una determinada actividad económica "distorsiona la competencia efectiva ya que afecta al equilibrio competitivo del mercado". "En consecuencia, puede reducir la cantidad o calidad del servicio, incrementar su precio o generar una brecha entre el precio que pagan los usuarios y el que perciben los operadores", añade.

Sobre la racionalidad de la tasa, que afecta únicamente a los vuelos operados en El Prat, la CNMC critica que solo se aplica "a los operadores de vuelos de transporte de viajeros, no de mercancías ni a otros medios de transporte". También considera que se están viendo beneficiadas las empresas que mayor número de operaciones realizan en el aeropuerto debido a que "el impuesto se limita a un máximo de 20.000 operaciones anuales por compañía aérea y por aeropuerto, y el exceso estará exento". Por otro lado, no ve "efectos positivos sobre el medio ambiente" y critica que  los pasajeros de vuelos directos intracomunitarios soportan un tipo que duplica al que se aplica a los viajeros en vuelos de conexión (tres euros frente a 1,5 euros).

Ayudas de Estado

Sobre el riesgo de presencia de una ayuda de Estado en las exenciones fiscales, la CNMC recuerda que debe examinarse si la excepción a este régimen o las diferencias en el mismo "están justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, es decir, si derivan directamente de los principios fundadores del sistema fiscal del Estado miembro en cuestión". En cuanto a la hipotética compatibilidad del Derecho comunitario con la supuesta ayuda que implicaría que ciertos operadores estén exentos del impuesto, reconoce la competencia exclusiva de la Comisión Europea para evaluar este extremo y remite a las recientemente aprobadas directrices comunitarias sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. En ellas, se destaca la importancia de garantizar los principios propios básicos de toda ayuda, fundamentalmente, la necesidad y proporcionalidad de la misma a la hora de justificarla.

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