Esta medida forma parte del proyecto conjunto que el Gremi d’Hotels de Barcelona y la Asociación Catalana de Albergues Turísticos (Acatur) están llevando a cabo para erradicar de la ciudad este tipo de actividad ilegal. La acusación se suma a las 80 denuncias que ya ha formulado Acatur entre los meses de julio y noviembre.
"A pesar de destacar la contribución e implicación del Ayuntamiento de Barcelona en esta materia", las dos entidades piden "más contundencia administrativa por parte del Gobierno municipal y el resto de administraciones públicas implicadas", mediante un comunicado del GHB. Asimismo, piden más agilidad en el cierre de estos establecimientos que actúan fuera de la legalidad. "Estas son las medidas que pueden favorecer la llegada de un turismo de calidad a la ciudad", recuerdan.
En este sentido, la oferta de alojamiento turístico ilegal "ha aumentado su presencia en Barcelona de forma desmesurada en los últimos años". Por eso, el sector representado por estas entidades quiere defender los puestos de trabajo que ofrecen y garantizan los establecimientos turísticos legales, además de erradicar la competencia desleal que suponen.
Riesgo para los turistas
"Estos establecimientos ilegales no asumen costes ni gastos administrativos y no toman las medidas de salud pública y de seguridad adecuadas a los servicios y plazas que ofrecen, constituyendo un elevado riesgo para los turistas que se alojan, además de generar un importante malestar vecinal y ciudadano", señalan los hoteleros.
Finalmente, recuerdan que hoy en día es posible encontrar en Barcelona este tipo de establecimientos sin ninguna licencia. "Algunos ofrecen plazas muy por encima de su capacidad, en algunos casos 13 veces mayor de las plazas permitidas, otros proporcionan servicios no permitidos o con instalaciones con un nivel muy inferior del fijado por la ley".
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