En su intervención señaló que próximamente se pondrá en marcha el segundo Programa de Conversión de Deuda (PCD), con un fondo de contravalor por importe de 375 millones de euros, “un programa que constituye un incentivo importante para impulsar las inversiones españolas en Cuba y que tendrá una importante contribución al desarrollo de la economía cubana”. El PCD de 2015 se ha agotado, habiéndose aprobado dieciséis proyectos orientados a la sustitución de importaciones y al fomento de las exportaciones, en sectores asociados a prioridades cubanas de desarrollo como envases y embalajes, turismo, agroalimentario, construcción y automoción.
Asimismo, señaló que se han reforzado los instrumentos de apoyo a la inversión de empresas españolas a través de la cobertura de crédito por parte de CESCE y la renovación de la línea Cuba por Cofides. Hasta la fecha, se han formalizado cuatro operaciones a través de esta línea por importe total de 2,47 millones de euros y una inversión asociada de 9,15 millones.
La ministra estima conveniente que el Gobierno cubano avance en la simplificación administrativa y en la seguridad jurídica para facilitar las inversiones extranjeras
Respecto al problema de los impagos, manifestó que “es preciso encontrar una solución que debe ser gradual pero planificada, y se valoraría muy positivamente que se produjera el pago inmediato de una parte de la deuda contraída con las empresas exportadoras, especialmente las deudas más antiguas”.
Además, eemarcó la conveniencia de que se aceleren los trámites burocráticos a la inversión española. “Existe un gran interés en las empresas españolas por invertir en Cuba sobre todo en la zona especial de desarrollo de Mariel y valoramos positivamente la nueva legislación de inversiones extranjeras, pero es necesario avances en la simplificación administrativa y en la seguridad jurídica para facilitar las inversiones”.
En relación a los efectos derivados de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, rechazó enérgicamente la decisión de la administración estadounidense. “Consideramos que la aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional y dará lugar a una espiral de demandas y contra-demandas que empeorarán la relación económica trasatlántica sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno, ni para los demandantes estadounidenses ni para la población cubana en su conjunto. España trabaja activamente junto a la Comisión Europea, el resto de Estados miembros de la UE y otros socios internacionales en la adopción de todas las medidas oportunas en foros multilaterales que permitan defender nuestros intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba”. La UE está analizando distintas opciones con el fin de proteger los intereses de las empresas españolas, tanto en el marco de la OMC como por medio del llamado Estatuto de Bloqueo.
La ministra anunció que en las próximas semanas se pondrán a disposición de las empresas españolas con intereses en Cuba dos puntos focales (en la Oficina comercial de España en La Habana y en el ICEX) para aclarar dudas en relación a la Ley Helms-Burton, así como para informar sobre los mecanismos de protección existentes, como el Estatuto de Bloqueo de la UE. Para Maroto, “el trabajo conjunto nos va a permitir adoptar cuantas decisiones sean necesarias para defender los intereses de las empresas españolas tanto en Cuba como en Estados Unidos”.
En la sesión, que tuvo lugar en el Hotel Melíá Habana, también intervinieron la directora general de la cámara de Comercio, Inmaculada Riera; la presidenta de la CEOE Internacional, Marta Blanco; y la Consejera Delegada del ICEX, María Peña. Posteriormente, tomaron la palabra el consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y el co-presidente del Grupo Barceló, Simón Barceló.
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