El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido de forma cautelar el proceso de adjudicación del contrato centralizado para gestionar los servicios de viajes de la Administración del Estado. Dicho organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha tomado esta decisión a raíz de la presentación por parte de CEAV de un recurso especial en el que se pedía la anulación del procedimiento.
Como adelantó NEXOTUR, la Confederación de agencias de viajes denuncia que "con este nuevo sistema se limitará y reducirá la participación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 80% de nuestro Sector". Además, asegura que los cuatro lotes en los que se divide el contrato, organizado en función de los destinos más habituales o de la ubicación de los centros usuarios del servicio, "son demasiado elevados". A su juicio, esto también "dificulta y restringe" la participación de pequeñas y medianas empresas.
Hacienda asegura que no va en contra de las pequeñas agencias
Pese a haber logrado la paralización temporal, fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas consultadas por NEXOTUR aseguran que "se sigue trabajando" en este proceso de centralización y que "todos los recursos" que han recibido en el resto de sectores afectados (combustibles, publicidad institucional, motos, vehículos de turismo, seguridad, limpieza, mobiliario y comunicaciones postales) "los ha ganado la Administración". Por ello, confían en que el procedimiento siga adelante. Además, en contraposición a la denuncia de CEAV, afirman que el nuevo contrato unificado "no deja fuera a pequeñas y medianas empresas", argumentando que este tipo de contratos ya se adjudicaban a grandes agencias debido a su magnitud.
Con un valor estimado de 171 millones de euros, el contrato unificado, cuyo plazo de ejecución es de dos años, dará servicio a los 13 ministerios, 79 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sustituyendo así a los múltiples convenios existentes en la actualidad. Con esta medida el Gobierno espera ahorrar más de 17 millones de euros.
