Como NEXOTUR ha venido informando, ambas organizaciones llevan meses presionando a los partidos políticos y al Gobierno central, con el objetivo de evitar la introducción de determinados cambios legislativos, al considerarlos claramente perjudiciales para las agencias de viajes que operan en territorio español. Según el real decreto-ley, las Comunidades autónomas deberán adaptar su normativa a la nueva ley, si bien esta nueva norma no indica de qué plazo disponen.
La Ley de Viajes Combinados ignora todas y cada una de las legítimas demandas del Sector
NEXOTUR tuvo oportunidad de informar en exclusiva de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre, que dio luz verde a la nueva Ley de Viajes Combinados. El Gobierno español reaccionaba así al ultimátum que le dio la Comisión Europea para que llevase a cabo la transposición a la legislación española de la Directiva de Viajes Combinados, actualmente en vigor.
Para decepción de los agentes de viajes españoles, tal y como ha podido comprobar este periódico, el texto que ha publicado el BOE apenas presenta modificaciones, por lo que habrían sido ignoradas las demandas reiteradamente expuestas por parte de la Confederación, así como las que presentó Fetave a través del Consejo de Turismo de CEOE.
Se hace realidad una de las amenazas que más preocupa al Sector, como ha manifestado en reiteradas ocasiones CEAV. Se trata del establecimiento de una garantía adicional que cubra los incumplimientos contractuales del viaje combinado, la cual se suma a la garantía de insolvencia financiera, estableciendo una duplicidad tan inútil como gravosa para agencias de viajes y mayoristas.
Un sobrecoste que se suma al que se deriva de la responsabilidad solidaria para las agencias de viajes vendedoras y mayoristas organizadoras del viaje.
Otro de los puntos recogidos en la nueva Ley, que cuenta con el rechazo del Sector, es la exclusión de las exigencias impuestas por la Unión Europea para aquellos viajes combinados o servicios vinculados que se faciliten de manera ocasional y sin ánimo de lucro, únicamente a un grupo limitado de viajeros.
Asimismo, también preocupa la opción de desistimiento que se ofrece a los consumidores, ya que el nuevo marco legal que regula los viajes organizados en España recoge que podrán hacerlo, sin justificación, en un plazo de 14 días desde la formalización del contrato, en caso de todos aquellos viajes que sean contratados fuera del establecimiento mercantil.
El Gobierno de España ignora así al Sector en sus legítimas demandas, que tanto la ministra Reyes Maroto como la secretaria de Estado Isabel Oliver escucharon reiteradamente de los representantes de las agencias.
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