La Ley de Directrices de Ordenación General es, según el gobierno canario, "un instrumento trascendental nacido del consenso que repercute directamente en la tramitación de los planes insulares y generales y tiene el cometido de intentar impulsar en las Islas un modelo de desarrollo económico y territorial más sostenible". De esta manera, con su aplicación durante estos años se ha pretendido conseguir el cambio de un modelo desarrollista y sin control por uno más planificado y orientado a un desarrollo cuidadoso con el entorno natural".
Con el consenso alcanzado entre la Administración canaria y el Sector turístico la vigencia de esta ley continuará durante los próximos tres años, "en los que no se clasificará ni un metro cuadrado más de suelo turístico para el establecimiento de nuevas camas", según el consejero de Medio Ambiente Domingo Berriel.
Este compromiso de no clasificar más suelo turístico se incluye, según el consejero, en el denominado ‘Manifiesto de Fuerteventura’ en el que se recogen los principales consensos alcanzados con los empresarios y que se firmó hace dos semanas. Fruto de estos acuerdos se creó una comisión de estudio, cuyos resultados se plasmarán en esta modificación de la Ley de Directrices.
Clases de inversiones
Berriel ha anunciado también que el gobierno de Canarias priorizará sus actuaciones en aquellas áreas en las que los empresarios inviertan en la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, sobre la que girará el grueso de la modificación legal en elaboración.
Estas inversiones podrán ser de dos tipos: directas o mediante el establecimiento de una serie de compensaciones a los empresarios que decidan renovar. Las primeras se pueden materializar, entre otros aspectos, en el desarrollo de proyectos de infraestructuras turísticas públicas y las segundas en priorizar las autorizaciones previas otorgadas en su momento y en medidas fiscales como la Reserva de Inversiones Canarias (RIC).
Por último, otra de las medidas con las que se pretende fijar el nuevo ritmo de crecimiento para los próximos tres años pero que en este caso se encuentra "en fase de estudio", según el consejero, está relacionada con las excepciones que pueden mantenerse al margen de la moratoria. "Se está analizando la posibilidad de que estas excepciones se liguen a los objetivos de la rehabilitación", concluyó Berriel.
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