El Consejo de Ministros ha aprobado la centralización de la gestión del servicio de agencia de viajes en la Administración General del Estado. El nuevo contrato, que dará servicio a los 13 ministerios, 79 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sustituirá a los múltiples convenios existentes en la actualidad.
Con esta medida, el Ejecutivo sigue las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) sobre racionalización y centralización de contratos de suministros y servicios. El nuevo contrato unificado, cuyo valor ascenderá a 171 millones de euros, supondrá un ahorro de 17,6 millones respecto al gasto que actualmente se destina a viajes. El Gobierno prevé que entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2015, con una duración de dos años y una posible prórroga por un año más.
A fin de favorecer la competencia se han establecido cuatro lotes en el contrato, en función de los destinos más habituales o de la ubicación de los centros usuarios del servicio. Los pliegos que regirán esta contratación cuentan con el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
Limita la participación de pequeñas y medianas empresas
Como publicó NEXOTUR, CEAV ha mostrado en todo momento su rechazo a la creación de un contrato unificado al entender que "limitará y reducirá la participación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 80% de nuestro Sector". Además, la Confederación afirma que "en el sistema propuesto hay diversas y serias incongruencias, que parten de un desconocimiento de la realidad del sector de la distribución de productos turísticos, y de las políticas y prácticas de fijación de precios de los proveedores (compañías aéreas, hoteles, etc.)".
Con el objetivo de frenar esta iniciativa, CEAV, junto con otros sectores afectados (telecomunicaciones y servicios de limpieza), ha mantenido reuniones con distintos grupos parlamentarios para trasladarles su problemática. Gracias a este trabajo, el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que exigía al Gobierno que negocie la futura centralización de contratos públicos con los diferentes sectores, ya que entiende que "licitar macrocontratos puede llevar a la desaparición a muchas pequeñas y medianas empresas españolas".
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