El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha señalado que esta decisión viene "obligada por las condiciones del contrato" de explotación y permite "el equilibrio financiero" de la obra, además de estar avalada con informes de técnicos externos y del Ayuntamiento. Se da respuesta así a una petición de la empresa concesionaria Palacio de Congresos de Vigo S.A. —compuesta por Sacyr, Puentes y Novacaixagalicia— de finales del año pasado, en la que solicitaba la rescisión del contrato de concesión si no se ampliaba a 60 años del periodo de explotación y el pago de cinco millones de euros por compensación.
El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José Manuel Figueroa, ha calificado de "vergonzoso" el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno Local, mediante la que el Ayuntamiento amplía la concesión del Auditorio Mar de Vigo hasta 60 años y al mismo tiempo le entrega a la sociedad concesionaria cinco millones de euros. "El alcalde ha tomado esta decisión con el mismo oscurantismo con que realizó la modificación del contrato del suministro del agua", ha manifestado el portavoz del PP nada más tener conocimiento del acuerdo adoptado.
Figueroa ha dejado constancia de que "pese a que legalmente puede hacer lo que ha hecho esta mañana, el alcalde vuelve a romper los más elementales principios democráticos al ni siquiera informar a los grupos de la oposición, que son mayoría en la Corporación viguesa, de decisiones que afectan gravemente al futuro de los ciudadanos y a las arcas municipales". En ese sentido, el líder del PP vigués ha anunciado que el Grupo Municipal presentará una moción en el próximo pleno para debatir esta modificación del contrato del Auditorio, que "supone una agresión más a la ciudad que Caballero dice defender".
Una decisión errónea
El Grupo Municipal del Partido Popular asegura que la decisión adoptada por la Junta de Gobierno supone "un negocio redondo para la concesionaria" y lamenta que el alcalde "haya negociado por detrás con la empresa hasta que ésta se ha salido con la suya". La concesionaria ya había anunciado que se había roto el equilibrio económico y financiero de la explotación del Auditorio. Y ello se produjo cuando el alcalde, en el año 2008, tomó la decisión de recortar el proyecto del edificio a la mitad. Los propios técnicos municipales, en los informes que figuran en el expediente aprobado por la Junta de Gobierno, culpan a aquella decisión de la Alcaldía de la ruptura del citado equilibrio económico. El PP ya se posicionó en su día a favor de que se rescindiese el contrato y se convocase un nuevo concurso.
Pese a ello, según asegura el PP, el negocio no puede ser más rentable. A la concesionaria se le perdonaron 13 millones de euros con la reducción de un 60% de la superficie destinada a uso comercial. Se le perdonaron otros 12 millones por la reducción a una sola planta del parking que se incluía en el proyecto original. En total 25 millones de inversión de los que se liberó a la concesionaria. A esa cantidad hay que añadir los 2,5 millones de euros que costaba el equipamiento escénico y que se dejó sin instalar. Y ahora, la Junta de Gobierno le compensa con otros cinco millones de euros más, alegando que la reducción de la superficie hizo "inviable" la concesión. En total, 32,5 millones de euros y una ampliación de la concesión hasta 60 años.
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