La cuantía equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por infracciones graves de la normativa de consumo relacionadas, principalmente, con la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución, que ya es firme y agota la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada, obliga además a la plataforma a retirar los contenidos ilícitos detectados y a hacer pública la multa impuesta.
La sanción se deriva de irregularidades detectadas en un total de 65.122 anuncios publicados en Airbnb. Entre las prácticas sancionadas figura la publicación de alojamientos turísticos sin número de licencia, en contra de lo exigido por la mayoría de las normativas autonómicas, así como la inclusión de números de registro que no se corresponden con los oficiales o la falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa y una práctica comercial desleal hacia los consumidores.
Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción por infracción grave de 64 millones de euros, una cuantía equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio y hasta su retirada. La orden de retirada de los anuncios ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en distintos autos.
Más multas
Adicionalmente, se ha sancionado a Airbnb por incumplir las obligaciones relativas a los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de los alojamientos turísticos anunciados en la plataforma. Esta infracción ha sido calificada como leve y conlleva una multa de 10.000 euros.
La plataforma también ha sido sancionada por obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, al no responder a los requerimientos realizados por el Ministerio de Consumo. Esta conducta ha sido considerada una infracción leve, con una sanción adicional de 10.000 euros.
Finalmente, el Ministerio ha impuesto otra sanción por incumplimiento de las órdenes y medidas provisionales dictadas para evitar perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente. Esta infracción ha sido calificada como grave y ha supuesto una multa de 55.000 euros, que se suma al conjunto de sanciones accesorias impuestas a la plataforma.
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