La Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) ha recibido con una «profunda decepción» la adjudicación a Tragsa de la ejecución de la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos de Córdoba. Desde la entidad quieren manifestar su «hondo malestar ante esta decisión, que representa cuestionar la capacidad y solvencia de las empresas cordobesas y, por ende, andaluzas para acometer la obra».
Construcor ha emitido un comunicado en el que quiere recordar que, recientemente, se expresó en términos similares tras conocer a través de los medios de comunicación que la Diputación iba a adjudicar obras a Tragsa de la misma manera, coincidiendo así con la posición mantenida por las formaciones políticas que hoy gobiernan en Andalucía.
En este sentido, también quiere recordar que aceptaba la adjudicación a Tragsa solo en situaciones muy excepcionales y de reconocida urgencia. En Construcor admiten que «la adjudicación y ejecución de las obras de la segunda fase de la reforma del Palacio de Congresos es de reconocida urgencia para la ciudad», pero que «no hay ninguna razón para que la licitación de las mismas no se hubiera hecho con el tiempo y plazos oportunos, que ha habido de sobra, para que pudieran concurrir las empresas privadas y ejecutar la obra».
La asociación señala que las empresas cordobesas estaban esperando este concurso, «que no suelen estar presentes en estas obras, precisamente porque no compiten en condiciones de precariedad ni de bajas temerarias», por tratarse del Palacio de Congresos de Córdoba y en la capital provincial, «una de las infraestructuras estratégicas de reconocida urgencia para la economía y la creación de empleo en la ciudad«.
Actuaciones inmediatas
En los próximos días Construcor convocará a su Consejo de Gobierno para tomar la decisión que corresponda a resultas de las reuniones que quiere mantener con la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Economía para la reconsideración de la adjudicación. En este sentido, Construcor quiere destacar que «no pocas paralizaciones obedecen a errores en la elaboración y redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, a la utilización de criterios de adjudicación imprecisos y a la admisión de ofertas económicas desproporcionadas, por temerarias».
Por último, señala que «es fundamental recordar también para conocimiento de la opinión pública, que la tramitación urgente de los procedimientos de licitación permite reducir los plazos a la mitad, lo que no provocaría ningún retraso en la adjudicación e inicio de las obras. Es decir, que no habría factores de procedimiento que retrasasen las obras».
