CEHAT señala importancia de la fecha de entrada en vigor
Las negociaciones entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Trabajo y Economía Social siguen su curso en pro de alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. Concretamente, esta nueva jornada semanal de 37,5 horas se quiere implementar al inicio de 2025. No obstante, desde el ámbito empresarial, ya han mostrado su desacuerdo ante la medida.
La última propuesta del Ministerio se basa en ofrecer mayor flexibilidad, permitiendo distribuir el 10% de la jornada de manera irregular. Y es que el Gobierno aceptaría modular o flexibilizar esa reducción realizando el cómputo de horas reducidas de manera anual. De esta manera, las empresas podrían aplicar la reducción y, al mismo tiempo, contar con cierta flexibilidad si necesitan ampliarla, lo que sería beneficioso para sectores como el de la hostelería que dependen de las temporadas altas.
Esto es justo lo que reclamaba Ramón Estalella, secretario general de CEHAT: «Nosotros siempre planteamos que el cómputo de jornada nunca sea semanal sino anual, todos sabemos que la intensidad de nuestros negocios no son iguales en temporada alta que las semanas previas«.
Estalella remarca las características específicas que tiene el Sector y asegura que, con trabajadores fijos, se puede organizar la jornada si el cómputo es anual. «Puede que un profesional trabaje 12 horas diarias durante una semana por necesidades de evento, pero luego puede disfrutar de tres días libres y cumplir así el número de horas anuales».
Negociación, efectos y fecha de entrada
En cuanto a la negociación colectiva, el alto cargo de la Confederación la califica de «atentado» y afirma no aceptar «chantajes». En este sentido, señala que están «muy descontentos con la parte sindical porque la negociación siempre había sido de dos y ahora el Gobierno se quiere meter entre medias». Estalella declara que «ante un Ministerio mandado por Sumar y un sindicato que les apoyan, los empresarios no tenemos voz».
Como consecuencia, desde CEHAT consideran que esto va a tener consecuencias «tremendamente negativas» para las empresas y, por tanto, para los empleados: habría menos empleos y las empresas no podrán hacer frente a ese coste que está por encima del 5%. «Las empresas contrarían a menos personas o cerrarían», aseveran.
Por último, destacan la importancia de la fecha de entrada en vigor ya que «no sería igual que entre en 2025 que en 2027 o 2029». En caso de estar vigente en tres años, «entre la IA y otra serie de servicios que no se den, puede que afecte menos».
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