Según la Junta, el Gobierno español “opta por la vía unilateral»

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha afirmado que la Unión Europea ha dado la razón a la Junta de Andalucía en su denuncia sobre el Registro Único de Alquileres de corta duración impulsado por el Gobierno central, al considerar que supone una duplicidad administrativa respecto al registro ya existente en la comunidad autónoma. Según ha explicado, Bruselas ha instado a que esta situación se subsane antes de mayo de 2026, en el marco del control europeo de las disposiciones normativas de los Estados miembros.

Bernal ha recordado que la Junta advirtió desde el inicio que la creación de este registro estatal era contraria a la normativa europea. “Habíamos advertido desde el principio que esta decisión era contraria a la normativa europea y de ahí que impulsáramos un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para defender nuestras competencias y la seguridad jurídica de los ciudadanos”, ha señalado el consejero.

En este contexto, ha subrayado que la Junta de Andalucía es la única administración con competencias para declarar la ilegalidad de una vivienda destinada al alquiler turístico. Por ello, ha asegurado que “el número de viviendas que el Gobierno ha declarado como ilegales no tiene ninguna consecuencia jurídica”, al no corresponderle dicha potestad.

El consejero ha defendido la validez del Registro de Turismo de Andalucía, en funcionamiento desde hace más de una década, y ha negado que la comunidad tenga intención de implantar un nuevo sistema. “Se trata de un sistema funcional y eficaz que seguimos perfeccionando, por lo que es falso que vayamos a crear uno nuevo y por lo que el registro creado por el Gobierno central genera esa duplicidad administrativa inaceptable”, ha afirmado.

La posición de la Junta ha sido respaldada, según Bernal, por la propia Unión Europea. “Bruselas ha ratificado nuestra tesis de que una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio”, ha subrayado, insistiendo en que el enfoque comunitario apuesta por la coordinación entre administraciones.

Crítico con el Gobierno

Bernal ha sido especialmente crítico con la actuación del Ejecutivo central, al que ha acusado de mantener una postura “unilateral, dañina para nuestro turismo y contraria a la normativa europea”. En este sentido, ha añadido que “es inaceptable que se intente confundir a la opinión pública con argumentos que carecen de rigor y visión de futuro”.

A juicio del consejero, el Gobierno se equivoca en su gestión de los alquileres de corta duración al abordarlos “desde un punto de vista exclusivamente ideológico”, lo que, según ha indicado, “lo único que provoca es un daño a uno de los pilares de nuestra economía y a miles de pequeños propietarios”.

Finalmente, Bernal ha lamentado que, mientras la Unión Europea promueve la coordinación y la interoperabilidad a través del Reglamento (UE) 2024/1028, el Gobierno español “opta por la vía unilateral, creando un conflicto innecesario y una inseguridad jurídica que asfixia a nuestro sector turístico”. Por ello, ha instado al Ejecutivo central a abandonar “la política de imposición”, escuchar a las comunidades autónomas y al sector, y trabajar por la seguridad jurídica y la estabilidad del turismo.