Tras la presentación del anteproyecto, el Consejo de Gobierno iniciará un "período de contacto y transparencia" con otras instituciones públicas y empresas y, una vez que se alcance el "máximo consenso posible", según el Gobierno regional, se elevará por tramitación urgente al Consejo Consultivo con las alegaciones que se puedan introducir. Posteriormente regresará al Gobierno para su aprobación definitiva y se trasladará al Parlamento, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, que aclaró que el objeto es tener el proyecto de ley en el Parlamento antes del verano.
Berriel indica que entre las alternativas para el desarrollo de la economía en un momento de "desaceleración" figura que los empresarios podrán solicitar las desclasificación de suelo turístico y pedir la correspondiente indemnización o solicitar un convenio urbanístico para modificar y sustituir sus derechos urbanísticos turísticos por otros en otro lugar dedicados a suelo industrial o uso residencial, dedicando en este caso un 30% a viviendas de protección oficial.
Medidas para incentivar la renovación de la planta hotelera
El Gobierno insular tiene previsto también incentivar las iniciativas empresariales destinadas a la remodelación de la planta, acompañando a ello inversiones públicas y facilidades en el planeamiento para poder llevarlas a cabo "mejorando aquellos lugares que estén sobresaturados y mejorando las reconversiones del modelo de ciudad constreñido", matiza el consejero regional.
Al mismo tiempo, El consejero indica que este anteproyecto contempla también la regularización de establecimientos que, tras la entrada en vigor de la Ley de Directrices, "cumplían sus parámetros urbanísticos pero estaban en construcción o tenían licencias para construir y no autorizaciones previas" o bien con condicionantes por la normativa de seguridad. Esta ley abre así "camino a la posibilidad de regularización siempre y cuando se acredite que han cumplido con sus deberes urbanísticos" en palabras de la administración.
En este sentido, Berriel también se refirió a empresarios afectados por la moratoria turística, que deben ser indemnizados con importantes cuantías por el Gobierno regional tras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por las pérdidas que han supuesto en sus proyectos en las zonas citadas en Gran Canaria. Para el consejero, "la ley que especializa la moratoria turística está pensando no en una paralización ‘sine die’, sino que en los próximos tres años el crecimiento venga como consecuencia de la renovación", al tiempo que recordó que el Gobierno ha recurrido dichas sentencias judiciales.
