El Parlamento Europeo aprueba con 591 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones, las nuevas normas para una mejor protección de los consumidores contra estafas en la Red y la detección más rápida de profesionales deshonestos. Reacciona tras comprobar que el 37% de los ‘portales’ dedicados al comercio electrónico, en el que juega un papel dominante el Sector de los viajes, no cumplían en 2014 las normas de la Unión Europea sobre consumidores.
El 37% de los ‘portales’ no cumplían en 2014 las normas sobre consumidores
El cambio legislativo, que deberá ser adoptado por el Consejo Europeo y será aplicable 24 meses después de la fecha de entrada en vigor, dota a las autoridades nacionales de más poder para detectar y detener la violación de las leyes de derechos de los consumidores en el comercio electrónico. Asimismo, podrán coordinar sus acciones en toda la Unión Europea de una forma más eficiente gracias a la revisión del reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC).
Intenta acabar con los vacíos legales
Los cambios buscan acabar con los vacíos legales existentes, que se agravan debido a las diferencias entre países. Una vez aplicados, las autoridades nacionales podrán pedir información a los registradores de dominios y bancos para identificar a profesionales deshonestos; hacer compras de prueba de bienes y servicios, incluida la actuación como comprador misterioso; imponer la exposición de una advertencia explícita en una web o eliminar contenido digital, así como restringir el acceso a determinadas páginas o aplicaciones; y aplicar sanciones, incluidas multas, e informar a los consumidores sobre cómo solicitar una compensación.
La Comisión Europea coordinará las acciones en aquellos casos en los que una infracción haya ocasionado o exista el riesgo de que genere un perjuicio a los intereses colectivos de los consumidores en al menos dos tercios de los Estados miembros, representando al menos dos tercios de la población europea. La responsable de la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo, Olga Sehnalová, explica que «la cooperación entre las autoridades nacionales, la Comisión y las organizaciones crea un mecanismo eficiente para combatir las prácticas de profesionales deshonestos, reforzando los derechos de los consumidores».
