Las legislación de la Unión Europea permite los subsidios para infraestructuras aéreas siempre que sean "necesarias, proporcionales y su objetivo sea el interés general". Asimismo, también deben garantizar "un acceso no discriminatorio a todos los usuarios y no afectar indebidamente al mercado interior".
Por otro lado, Bruselas ha abierto una investigación para comprobar si Air Malta debe devolver 130 millones de euros de ayudas públicas que recibió en el marco de un plan para su reestructuración. El Ejecutivo comunitario autorizó al Gobierno maltés la concesión de un préstamo de 52 millones como parte del paquete para rescatar a la aerolínea en noviembre de 2010 a cambio de que ésta presentara un plan de reestructuración para garantizar su viabilidad en el futuro.
El Gobierno de Malta notificó con posterioridad a la Comisión, concretamente en mayo de 2011, su intención de destinar otros 130 millones de euros para Air Malta como parte de dicho plan. Por ello, Bruselas quiere determinar si las nuevas ayudas son legales por su "preocupación" sobre el hecho de que "las previsiones de viabilidad a largo plazo pueden no ser suficientemente realistas". Además, considera que "la reducción de su capacidad propuesta" en el plan de reestructuración puede "no ser apropiada para compensar la distorsiones por las ayudas públicas".
