El informe de NEXOTUR sobre los sucesivos recortes de la asignación al Turismo en los Presupuestos Generales del Estado, revelan que la inversión gubernamental en Turismo se habrá reducido casi a la mitad en 2013. Un drástico recorte presupuestario que se suma a un no menos notable incremento de la presión fiscal, con el incremento del IVA turístico, las tasas de aeropuertos y puertos o la imposición de impuestos al Turismo como el catalán.
La política económica del presidente Rajoy, que aplica Montoro a sangre y fuego, e impuesta desde Alemania, la Comisión Europea, BCE y FMI, ponen en una situación desairada a los máximos responsables de la actividad turística en el Gobierno de España. De hecho, tanto el ministro José Manuel Soria como la secretaria de Estado, Isabel Borrego, se han visto sorprendidos por los recortes adicionales sobre partidas turísticas, como los viajes de la tercera edad, aplicados por el Ministerio de Hacienda poco antes de que el Consejo de Ministros extraordinario aprobase los Presupuestos del año próximo.
A diferencia de gran parte de las dos legislaturas presididas por Zapatero, en las que la economía estaba al servicio de la política, la adversa coyuntura obliga al Gobierno de Rajoy a supeditar la política, incluido la social o el Turismo, a la durísima realidad económica actual.
De hecho, reducir a la mitad el dinero dedicado al Turismo supone eliminar en una gran parte la inversión publicitaria convencional, sustituyéndola por acciones online en Internet —con mucha imaginación y no poco esfuerzo— a cargo de la TurEspaña de Manuel Butler.
Es probable que las consecuencias del severo tijeretazo a las campañas de promoción de España en el exterior, al igual que a las acciones de comarketing o la participación en ferias, no nos pasen factura a corto plazo; pero nadie duda que lo harán a medio y largo plazo.
Aunque el rechazo a los recortes es comprensible por parte del Sector, ante el temor de que perjudiquen seriamente al receptivo (tras la caída del 20% del emisor), está por llegar el gran parón de la promoción turística de las Comunidades autónomas. Y no sólo eso. Autonomías y Ayuntamientos están ante la tesitura de cerrar Patronatos, Oficinas de Turismo, Conventions Bureau y otras empresas públicas, prescindiendo de miles de empleados públicos no funcionarios, y acometiendo una dificilísima absorción de estos cometidos por parte de las direcciones generales autonómicas y las delegaciones municipales de Turismo. Por tanto, el recorte del Gobierno podría ser el anticipo.
Culpar a los responsables del Turismo (y sumarse a la marea desligitamadora de la clase política) no es propio del pragmatismo del Empresariado turístico español. Aunque duela, son tiempos duros en los que el Sector ha de asumir su parte alícuota de sufrimiento (y recortes).
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