Algunos de los grandes lobbies de agencias y operadores turísticos del viejo continente unen fuerzas para intentar convencer a la Unión Europea de los efectos nocivos que traería consigo su plan para facilitar las demandas colectivas de los consumidores. Para ejercer una presión más efectiva, varias Organizaciones empresariales —entre ellas, ABTA (Reino Unido), DRV (Alemania), ANVR (Holanda) y DRF (Dinamarca)— han constituido la denominada European Travel Union (ETU), organismo encargado de liderar las iniciativas en este campo.
Los consumidores podrían recibir compensaciones sin haber presentado una demanda
Su propósito es intentar convencer al Parlamento Europeo y a los Estados miembros para que no apoyen la propuesta presentada por la Comisión Europea. En la misma, con el fin de corregir las supuestas deficiencias de las demandas colectivas —no existen en todos los países y carecen de eficacia para obtener compensación económica, sirviendo únicamente para conseguir el cese de prácticas desleales—, Bruselas plantea la creación de un sistema que dé vía libre a las acciones representativas para así lograr reparaciones rápidas y con un bajo coste para los consumidores.
En una reunión mantenida con miembros del Parlamento Europeo, representantes de las citadas Organizaciones empresariales han recordado el poder económico de la industria de los viajes y les han trasladado los desincentivos que supondrían los cambios en relación a las demandas colectivas. Según advierten, con la introducción de los cambios que sugiere la Comisión Europea, los consumidores podrían llegar a recibir compensaciones sin tener que presentar ellos mismos una demanda, no siendo necesario que éstos se tengan que poner de acuerdo por adelantado, lo que «contradice los principios legales europeos».
Temen que se disparen las quejas artificiales
Dos puntos del proyecto de ley actual son particularmente preocupantes desde el punto de vista de la industria de viajes. En primer lugar, que las organizaciones de consumidores pueden reclamar daños a un número no especificado de clientes, «lo que hace que el riesgo para las empresas sea impredecible». Y por otro lado, que incluso las organizaciones especializadas podrían ser admitidas como demandantes, lo que a juicio de los miembros de la denominada ETU «favorecería el surgimiento de un negocio de juicios con fines de lucro«. A expensas de conocer el posicionamiento del Parlamento Europeo, las Organizaciones aseguran que estos puntos también han sido objeto de crítica por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la propia Eurocámara.
Durante el encuentro, la CEO de Thomas Cook en Alemania, Stefanie Berk, ha apuntado que «la protección del consumidor es importante, pero requiere un sentido de la proporción«. «La introducción de las demandas colectivas europea puede abrir las compuertas y tememos que las quejas artificiales causen un daño considerable a la industria de viajes», avisa.
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