La garantía solidaria entre organizadores y minoristas es una decisión nacional
Según argumenta, la creación de dicha garantía nada tiene que ver con la Directiva Europea de Viajes Combinados, sino que se trata de «una decisión nacional» que «no representa ninguna protección adicional para el viajero, y sí un incremento de costes de unos 165 millones de euros anuales que acabará repercutiendo sobre el cliente». Fetave asegura que el único beneficiado es el sector asegurador, estimando que genera «unas ganancias de más de 45 millones para las compañías de seguros».
La Organización recuerda que este sistema de garantía solidaria «no tiene equivalente en ningún otro sector económico» y que genera «situaciones sin sentido, como que una pequeña agencia deba asegurar solidariamente los viajes organizados por un gran turoperador». Por ello, insta al presidente y a los ministros competentes a cambiar dicha garantía «por la obligada legalmente por la Directiva UE 2015/2302 junto a la del minorista en lo que concierne a sus responsabilidades en la comercialización, lo que creemos que es más efectivo en términos de protección, más eficiente económicamente, y por supuesto, más justo».
Pone como ejemplo el caso de Thomas Cook
En opinión de Fetave, la crisis de Thomas Cook «ha demostrado que países como Reino Unido, que tenían un sistema de garantías como el que propugnamos, han protegido más eficientemente a los viajeros que aquellos otros países con sistemas más próximos al del Real Decreto Ley español«. En este sentido, advierte que «de no modificarse el actual marco de garantía solidaria, ante una crisis similar de un operador español», como los de Marsans y Orizonia, «se volverían a repetir situaciones similares a las de entonces de falta efectiva de protección a los viajeros, si bien con menor amplitud de la de entonces».
Además de solicitar la modificación de la Ley de Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados, Fetave también pide la creación de una Comisión Delegada del Gobierno o de una Comisión Interministerial para el Turismo. Por otro lado, considera fundamental que la Administración General del Estado promueva un consenso entre las Comunidades autónomas para «lograr una armonización regulatoria en aspectos tales como garantías de los viajeros, requisitos para las agencias de viajes, clasificación hotelera, regulación de plataformas digitales, cargas administrativas, etc.».
