Creen que impondrá una carga administrativa y unos costes extra innecesarios
Siendo esta la primera vez que todas las Asociaciones turísticas europeas se ponen de acuerdo para mostrar su oposición a la legislación de un país, ECTAA, Hotrec, ETOA y Ruraltour han decidido remitir una carta conjunta a diferentes autoridades españolas para trasladar su preocupación, desconcierto y oposición ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. Concretamente, han subrayado la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos por la normativa que, a partir del 1 de octubre, establece al Sector Turístico las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
La carta dirigida a Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, y Mar España, directora general de la Agencia Española de Protección de Datos, se une al rechazo de las diferentes patronales de agencias, hoteles y demás actores turísticos españoles, mostrando así la oposición total del Sector ante su aplicación. A pesar de comprender la importancia de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, las Asociaciones europeas aseguran que la normativa va mucho más allá de lo necesario y es desproporcionada en relación con la finalidad de la recogida de datos.
De aplicarse, según la carta, los viajeros se mostrarán reacios a elegir destinos españoles en el futuro si existe una recopilación de datos tan extensa y preferirán alternativas menos onerosas. Además, su introducción plantearía la cuestión de cómo los operadores turísticos, especialmente las microempresas, podrán hacer frente a los requisitos legales. También recalcan que, hasta la fecha, ningún operador turístico o autoridad turística fuera de España ha recibido información sobre cómo se enviarán, tratarán y transferirán en la práctica los datos solicitados a las autoridades españolas.
Por otra parte, el gremio europeo achaca que la mayoría de los datos solicitados por el Real Decreto no son recogidos por los operadores turísticos en sus sistemas de reservas, lo que quiere decir no disponen de sistemas para recoger y transmitir los datos y no podrán desarrollar tales sistemas antes del 1 de octubre. Desde Europa, se insiste en que el decreto impondrá una carga administrativa y unos costes adicionales significativos e innecesarios a las empresas, aumentando de facto el precio de las vacaciones en un mercado altamente competitivo. Esto, señalan, dará lugar a una duplicación innecesaria de la recogida y el tratamiento de datos por parte de las empresas de viajes, así como a una carga administrativa desproporcionada para las empresas de viajes.
Ante esto, plantean tres alternativas: revocar el decreto, modificar el procedimiento para la comunicación de datos personales y transaccionales y/o simplificar el alcance de la información y aplazar el decreto. Aunque también añaden una más, la introducción de un sistema digital y simplificado de autoservicio para los viajeros, del mismo modo que funciona el ESTA en Estados Unidos. La carta finaliza remarcando que desde Europa se espera sinceramente que las autoridades competentes comprendan y respondan a las principales preocupaciones expuestas anteriormente.
Sector de las agencias
A finales del pasado mes de julio, las diferentes patronales de agencias de viajes solicitaron al Ministerio de Interior su exclusión de la normativa, a lo cual y en caso negativo añadían la opción de publicar una Orden Ministerial que limitase su aplicación. «Dicha Orden Ministerial debe excluir de la obligación de comunicación a los viajes corporativos, el MICE y los grupos, supuestos donde se ha demostrado de imposible cumplimiento el deber de comunicación», afirmaban en un comunicado conjunto. Además, las Organizaciones también mantuvieron una reunión con Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, en la que esta «apoyó los argumentos y se comprometió a defenderlos ante el Ministerio del Interior».
Tras esto, fuentes del Sector aseguraban que aún existen contradicciones en el seno del Ministerio del Interior respecto a si se está o no llevando a cabo la elaboración de dicha Orden Ministerial. Sobre el Ministerio de Industria y Turismo, alegaban que no se termina de posicionar.
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