Con la publicación del Decreto 280/2007, que es el desarrollo de la Ley 11/1997 de Turismo de la Región de Murcia, "se consigue una vieja aspiración de los OPC", comenta el presidente de la Asociación Mediterránea de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos, Antonio García. De esta Asociación partió la solicitud de regulación con unas bases que la Consejería de Turismo y Consumo ha plasmado en el texto.
Este Decreto regulará aspectos de especial preocupación para el segmento de los OPC, como la competencia, el intrusismo o la relación de los OPC con las agencias de viajes y garantizará al cliente final la prestación de unos servicios de calidad, asegurando la inversión económica realizada. "Esperemos que ahora haya un ‘efecto dominó’ y el resto de Comunidades españolas hagan algo parecido", manifiesta el presidente de OPC España, Julio Abreu.
"El Decreto persigue sentar las bases de una seguridad, claridad y garantías mínimas respecto a las infraestructuras, instalaciones y dotaciones que se le ofrecen al cliente y que suponga para los operadores o intermediarios turísticos un aval de calidad y un mínimo de satisfacción", explica el consejero de Turismo y Consumo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán. "El cliente a estar seguro de que va a trabajar con una empresa de garantía; una percepción que antes no podía tener", señala el presidente de OPC Mediterránea.
Desarrollo del Decreto
El Boletín Oficial de la Región de Murcia recoge en su edición del 9 de agosto los 15 artículos en los que se desarrolla el Decreto 280/2007, tras aprobarse el día 3 del mismo mes. En él se establecen las funciones de los OPC, que son de «consultoría, planificación, organización, dirección y control de congresos, ferias, convenciones y otros eventos de naturaleza análoga y cualquier otra actividad que profesionalmente requiera el congreso».
Asimismo, se indican los requisitos que debe tener una empresa para ejercer la actividad del OPC, entre los cuales está la contratación de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de explotación del negocio, la responsabilidad civil indirecta o subsidiaria y la responsabilidad por daños patrimoniales primarios por valor de 150.253,03 euros cada una, y además, la constitución y mantenimiento de una fianza por un importe de 60.100 euros.
Una vez aprobados todos los requisitos por parte de la Consejería de Turismo y Consumo, la empresa estará obligada a exhibir en la entrada de su oficina una placa identificativa en la que se recoge que es una empresa OPC y reconocida por el Gobierno de la Región de Murcia.
