El Cabildo de Lanzarote ha redactado un documento en el que recoge cada uno de los 27 complejos de la isla que están en situación de ilegalidad y en el que aporta la conclusiones de que los hoteles con licencias anuladas "han quedado sin cobertura jurídica" por lo que el empresario debe acudir al ayuntamiento competente a solicitar la legalización de su establecimiento.
Sin embargo, para que esto sea posible los inmuebles deberían estar acorde a la normativa vigente y como no es así no podrían ser legalizados lo que supondría "la demolición de todos".
En este sentido, el Cabildo ha contemplado otro mecanismo denominado ‘legalización extraordinaria’ que implica cambiar el planeamiento insular y algunos aspectos de la legislación aunque sometidos a la jurisdicción de los tribunales y acogidos a límites.
Respecto a los límites que deberían respetar los hoteles con licencia anulada para acogerse a esta posibilidad, consistirían en no exceder el total de plazas fijadas para el Plan Parcial correspondiente y "satisfacer el interés público", un término que hace referencia a la contención de camas turísticas y a "cualificar la oferta existente y complementaria".
El caso de Iberostar
Tal y como han explicado los expertos consultados por Europa Press, la peor situación es la de Iberostar, que cuenta con tres de sus cinco establecimientos vacacionales declarados como ilegales. Se trata del Hotel Iberostar Papagayo, los apartamentos Iberostar Papagayo Park y el Hotel Iberostar La Bocayna, con sentencias en 2007 y 2008 respectivamente para estos dos últimos por "ineficacia del planeamiento" e "ineficacia respecto al Plan Parcial de Ordenación".
Así, el Hotel Iberostar Papagayo situado en Playa Blanca "probablemente no encuentre solución" y tenga que ser derribado "al no poseer ni siquiera licencia de obra", según el Cabildo de Lanzarote.
