Según el juzgado, no existe indicio alguno de criminalidad en la actuación del ex alcalde que, a su juicio, se limitó a continuar una tramitación urbanística iniciada por responsables municipales anteriores que, si bien tenía ya pronunciamientos judiciales en contra, no eran firmes.
Además, en un auto fechado el pasado 28 de noviembre y conocido hoy, el juzgado recalca que no se aprecia "interés particular propio" por parte de Gómez Blanco en las decisiones adoptadas ni tampoco que actuara "de forma concertada" con el propietario del hotel con un afán dilatorio. "A lo sumo", señala que el Ayuntamiento "pecó de falta de decisión", en parte por la complejidad del proceso judicial.
El fallo deja claro que de todas las decisiones adoptadas en el Ayuntamiento de Suances en relación al hotel del mismo nombre que han sido sucesivamente anuladas en los tribunales, la única que adoptó Gómez Blanco en calidad de alcalde fue la de otorgar la licencia de primera ocupación en diciembre de 2003. Según dice, aunque para entonces algunas de las resoluciones previas ya habían sido anuladas, las sentencias aún no eran firmes porque estaban recurridas y el entonces alcalde actuó "en la confianza" de que los recursos fueron atendidos por el Tribunal Supremo.
‘Rehenes’ frente al Ayuntamiento
El juzgado tampoco cree que Francisco Javier Gómez Blanco tuviera un "afán dilatorio" en el cumplimiento de la orden de cierre del hotel y reconoce que la ejecución de los pronunciamientos judiciales en torno a este asunto ha sido "de una extraordinaria complejidad".
Y esa complejidad la achaca a una actuación del propietario del hotel "absolutamente combativa", agotando en la medida de sus posibilidades todas las opciones legales para entorpecer o dilatar el cumplimiento de lo acordado, incluso en ocasiones utilizando a los clientes del hotel como meros ‘rehenes’ frente al Ayuntamiento.
Respecto al hecho de que el cierre del hotel se ejecutara nada más tomar posesión un nuevo alcalde al frente de la Corporación, el juzgado no cree que pueda considerarse "sospechoso". Por el contrario, destaca que no fue posible ejecutar el cierre antes de junio de 2007 debido a la "pendencia sucesiva de reclamaciones todavía no resueltas en sede judicial" y eso, recalca, "no es imputable" al ex alcalde.
