¿Acaso no está controlada Iberia por el Gobierno de Madrid, a través de Caja Madrid, por ser una empresa estratégica para la economía de la ciudad, como la feria de Madrid (Ifema) o el aeropuerto de Barajas?
El cinismo, que tan descaradamente se exhibe por parte del presidente de Iberia (tradicional destinatario de importantes cantidades de dinero público), por la entrada interpuesta del Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat de Catalunya en el capital de Spanair, no es sino el recurso al pataleo ante la imposibilidad de aplicar la ley del embudo a quienes, simplemente, no están dispuestos a que el aeropuerto de El Prat quede en manos de Iberia (o, a través de Caja Madrid, de la Comunidad de Madrid).
Superada la excusa de velar por la españolidad de Iberia, el objetivo de sus mentores financieros y políticos es obtener sustanciales plusvalías, tras la pretendida absorción, lo de la fusión es un eufemismo, de la otrora compañía de bandera, diluida en el Grupo British.
Para nadie es un secreto el riesgo de cuantiosas pérdidas económicas que conlleva asumir el control de una aerolínea en una coyuntura adversa como la actual. Pero no está legitimado el presidente de Iberia, que tan largamente se ha nutrido de multimillonarias ayudas públicas, para ver la paja en ojo ajeno, ignorando la viga en el propio. La continuidad de Spanair es una buena noticia para las agencias, que aseguran la competencia entre proveedores aéreos, y para el cliente final. Aunque es comprensible el temor de otras aerolíneas ante la posibilidad de que los antiguos gestores de Spanair pudieran ser llamados. Y al Sector no le queda sino desear una larga vida a la nueva Spanair.
