En una reunión presidida por el vicepresidente del Consejo y consejero de Presidencia, Vicente Rambla, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y a la que han acudido, entre otros, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur), Juan Carlos Gelabert, se ha reiterado la petición al Ejecutivo central de convocar una comisión mixta "de manera inmediata".
En ella estarían representados el sector hostelero, los ayuntamientos y los gobiernos estatal y autonómico para "analizar caso por caso" la situación de los chiringuitos y, mientras tanto, se aprobaría una "moratoria" a las medidas que se puedan tomar en la Comunidad sobre esta cuestión.
Al respecto, Rambla ha señalado que el Gobierno central, en vez de poner en marcha "medidas que favorezcan la economía", "perjudica al sector hostelero" y ha subrayado que los chiringuitos valencianos son "restaurantes serios y estructurados" y no establecimientos hechos "con cuatro maderas".
Por su parte, Gelabert ha defendido que los chiringuitos son "necesarios para el Turismo", ya que crean puestos de trabajo y generan riqueza en la Comunidad autónoma, al mismo tiempo que ha precisado que sólo en la Malva-rosa pueden comer en un fin de semana "cerca de 80.000 personas tanto en invierno como en verano", una cifra que se reduciría a "2.000 ó 2.500" de aplicarse las medidas previstas.
Rechazo a las ‘decisiones unilaterales’
Los representantes institucionales han manifestado que no están dispuestos a tolerar "decisiones unilaterales" del Gobierno central que perjudiquen a la economía y el mercado laboral de la Comunidad y a que se actúe de manera "discriminatoria" con los valencianos.
En la misma línea, las autoridades valencianas han pedido también la cesión de "competencias limitadas" a la Comunidad autónoma para la autorización de determinadas actividades deportivas o de servicios en zonas de costa.
