El titular de Infraestructuras ha afirmado que el auditorio de la ciudad olívica es fruto de la cooperación de distintas Administraciones y ha lamentado el intento de apropiación pública de esta obra. El consejero ha afirmado que esta dotación cultural de Vigo es el "resultado y el esfuerzo de muchas personas, la mayor parte de ellas anónimas, pero sin las que sería posible llevar a cabo los proyectos". Ha argumentado que las obras públicas son "una cuestión de hombres, no de hombres, no de nombres y en la que al final somos importantes todos".
Hernández ha enumerado a todo aquellos responsables de las distintas Administraciones que aportaron su trabajo y su esfuerzo para hacer realidad este auditorio, pero sobre todo, a todos los gallegos que han contribuido a su financiación. También ha recordado que la inversión llevada a cabo por la Xunta de Galicia, desde que ha firmado el convenio de colaboración entre las dos Administraciones en el año 2004, fue de más de 25 millones de euros. Esta inversión supuso un incremento de más de seis millones de euros respecto a la aportación inicial estipulada en dicho convenio. Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo ha aportado 12 millones de euros.
Ausencia de placa conmemorativa
En referencia a la ausencia de las alusiones a la Xunta de Galicia en la placa conmemorativa colocada por el Ayuntamiento de Vigo, el consejero ha restado importancia a este comportamiento y ha indicado que estas conductas delatan un proceder poco respetuoso y carente de la lealtad deseable entre las Administraciones. Agustín Hernández ha explicado que "para hacer justicia en la implicación de esta infraestructura haría falta una placa de extraordinarias dimensiones para dar cabida a tantas personas".
El consejero de Infraestructuras ha señalado que el actual Gobierno regional tomó la decisión de no incluir alusiones personales en las placas conmemorativas de las obras ejecutadas por la Administración gallega, pues las obras son el resultado del esfuerzo y del trabajo de todos los ciudadanos de Galicia, a lo que ha añadido que las obras que construye la Administración son, "por su propia naturaleza, públicas".
