La norma obligará a los operadores históricos, como Renfe en España, a dar un acceso más fácil a sus rivales a instalaciones de mantenimiento, terminales y servicios de información al cliente y de venta de billetes con el objetivo de aumentar la competencia en el sector tanto en el transporte de pasajeros como en el de mercancías. Las nuevas reglas responden a las "quejas" presentadas por las compañías durante la última década y "tienen como objetivo cerrar las brechas en las normas actuales que permiten discriminar a las empresas nuevas e impedir que los operadores presten servicios nuevos e innovadores", ha explicado el comisario de Transportes Siim Kallas.
La nueva directiva obliga a realizar "declaraciones sobre la red (ferroviaria)" anuales más detallas para que las nuevas empresas en el mercado ferroviario puedan conocer claramente las características de las infraestructuras disponibles y las condiciones de su utilización. Asimismo, incluye unas normas explícitas en materia de conflicto de intereses y prácticas discriminatorias en el sector ferroviario. La norma refuerza el poder y la independencia de los organismos reguladores nacionales por lo que se refiere a las sanciones, auditorías, procedimientos de recurso e investigaciones de oficio, y les impone la obligación de cooperar con sus homólogos en cuestiones transfronterizas.
También pretende aumentar la inversión en el sector, tanto pública como privada exigiendo el establecimiento de estrategias nacionales a largo plazo y de acuerdos contractuales plurianuales entre el Estado y los administradores de infraestructuras. Con ello se quiere dar a los operadores del mercado una mayor previsibilidad respecto al desarrollo de la infraestructura para que puedan mejorar sus resultados. Kallas espera que el Parlamento la ratifique definitivamente a principios de 2012. El año que viene, la Comisión presentará también propuestas legislativas para liberalizar el tráfico nacional de pasajeros.
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