El cierre de Spanair, tras un periplo trepidante de avatares, es el desenlace de la pretensión de los dirigentes de Cataluña de contar con una compañía de bandera (catalana), que posibilitara un hub de vuelos internacionales en el aeropuerto de El Prat.
A este ejercicio de voluntarismo nacionalista —que se salda con pérdidas millonarias— también han contribuido aportando recursos varios empresarios catalanes, alentados por Generalitat y Ayuntamiento, con el objetivo de contar con un instrumento al servicio de la política autonómica de transporte aéreo y, al tiempo, del ideario catalanista.
Un lujo que ni Barcelona, ni Cataluña, ni España pueden ya permitirse. Los tiempos en que la economía estaba al servicio de la política ya pasaron. Hoy, los mercados han impuesto lo contrario: es la política la que se somete a la economía.
De hecho, Spanair podría convertirse incluso en un lastre para la solvencia de Cataluña ante los implacables mercados. Máxime ante la pésima gestión de una suspensión de operaciones impropia del desarrollo y vertebración de Cataluña y del prestigio. Aunque ojalá Spanair sea una vacuna para veleidades similares en otras Comunidades autónomas.
Pero lo peor de lo ocurrido con la compañía no es su desaparición, que dará oxígeno a Vueling-Iberia y, en menor medida, a Air Europa. Y que explica, en parte, la urgencia de una alianza de la Generalitat para evitar el portazo de Ryanair, al dar por descontada a Spanair.
Ni siquiera son las multimillonarias pérdidas (evaluadas en casi 500 millones de euros). Lo peor es el dumping que la clase política catalana ha introducido en el transporte aéreo, al subvencionar a Spanair y Ryanair, agraviando al resto de la industria. Error que podría costarle un disgusto en Bruselas, por imponer restricciones a la libre competencia.
Y a más a más, continuando con la cadena de errores llega la tasa turística. Una tasa que, además de tapar parte del agujero dejado por la aportación de dinero público a Spanair, se dedicará a pagar subvenciones a Ryanair.
Poniendo al Turismo —actividad económica esencial para Cataluña y Barcelona— al servicio de la financiación del transporte aéreo y los aeropuertos catalanes. Sería importante, a este respecto, conocer el parecer de la directora general de Turismo, como experta en el Sector.
Los agentes de viajes catalanes han sido inequívocos al oponerse a las subvenciones a Ryanair, como han sido los primeros también en sufrir la quiebra de Spanair, al recaer en las agencias la resolución de incidencias con sus clientes. Una nueva lección, tras AirMadrid y Air Comet, que debiera servir al menos para evitar volver a tropezar, una y otra vez, en la misma piedra.
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