El portavoz socialista en la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, afirma que el Gobierno "ha roto con su compromiso público de que la entrada de capital privado en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sería siempre con un porcentaje minoritario". Según expone, la decisión de "privatizar hasta el 60%" del gestor aeroportuario "es un engaño" y conllevará que "se prime la cifra de negocio sobre el interés general de aumentar tráficos".
"Al país le interesa incrementar el tráfico para dinamizar la economía y crear empleo, pero a AENA le interesa subir tasas, despedir trabajadores y reducir inversión", lamenta. En este sentido, señala que "no sabemos a quién pretenden ustedes beneficiar con el negocio de la privatización, pero sí sabemos a ciencia cierta que a quien van a perjudicar es a los españoles".
Simancas recuerda al Ejecutivo que "AENA es mucho más que un negocio". "Es un instrumento estratégico que sirve para dinamizar la economía, atraer turistas y garantizar los derechos de movilidad de los españoles", sostiene el portavoz socialista, que, por tanto, rechaza que se deje en manos de la empresa privada. Como punto y final, defiende la gestión socialista al frente del ente público, remarcando que la deuda "está bien invertida y es viable".
Pastor: ‘Me encontré un desastre en AENA’
En su respuesta a la interpelación del portavoz socialista, la ministra de Fomento, Ana Pastor, subraya en primer lugar que "desde hace dos años lo que he hecho ha sido gestionar con eficacia el desastre que me encontré en AENA", cuya deuda "ascendía a 14.000 millones de euros". "No había ni para pagar las nóminas", asegura la titular de Fomento, quien se muestra especialmente crítica con el plan de privatizar que inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Ustedes habían puesto en marcha la privatización de Barajas y El Prat con una licitación del 90,5% del capital social de las dos sociedades concesionarias", con lo que se iba a "destruir la mayor fortaleza que tiene AENA, que es la red de aeropuertos", recuerda. Asimismo, detalla que dicho plan consistía en la externalización de la gestión de los dos aeropuertos, mientras que el Estado "se quedaba con la deuda", que en el caso de Barajas ascendía a 5.527 millones de euros y en el del Prat a 1.700 millones.
