La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), cuyas actividades y funciones se encuentran integradas desde el pasado 7 de octubre en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha dejado tras de sí un total de 196 expedientes sancionadores por conductas anticompetitivas en sus seis años de existencia. El organismo, que hasta dicha fecha presidía Joaquín García Bernaldo de Quirós, se ha beneficiado de un aumento progresivo del número de inspectores, lo que se ha traducido, especialmente en su último ejercicio, en un incremento de las empresas que han sido objeto de investigación.
Según los datos a los que ha tenido acceso NEXOTUR, su plantilla se ha cuadruplicado en cinco años, pasando de los 91 inspectores con los que contaba en el ejercicio 2008/09 a un total de 377 en sus últimos 12 meses de actividad. Esto ha tenido su efecto en el número de empresas investigadas, que en 2012/13 se sitúa en 113, casi las mismas que en los cuatro años anteriores en conjunto (121). Del mismo modo, las sanciones por conductas prohibidas ascienden en el último ejercicio a 454 millones de euros, frente a los 242 millones del anterior, que hasta entonces marcaba la cota máxima.
Efecto negativo en la distribución turística
El refuerzo de la CNC ha provocado, como resalta su expresidente, que "sus acciones hayan tenido más repercusión en los distintos sectores de la economía". En el caso concreto del Turismo, los últimos ejemplos son la multa de 440.000 euros impuesta el pasado mes de mayo a la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Santa Cruz de Tenerife (APAV) y el expediente sancionador abierto a principios de año a diez Grupos comerciales de agencias de viajes (Airmet, Avantours, Cybas, Edenia, Europa, Gea, Over, Red, Star y Unida).
En lo que respecta a la sanción de APAV, motivada por la elaboración de listados de precios recomendados a sus asociados para excursiones y por la fijación de tarifas de los guías turísticos, su presidenta, Bárbara Waldhoff, confirmaba recientemente a NEXOTUR la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional. La Asociación, que no baraja la posibilidad de hacer frente a la cuantiosa multa, utiliza esta vía como última opción para evitar el concurso de acreedores.
Por otro lado, en el caso de los Grupos comerciales, CNC abrió el expediente al deducir la existencia de "diversos acuerdos para la fijación de precios, de condiciones comerciales, el reparto de mercado y la limitación de la distribución minorista de viajes y ‘paquetes’ turísticos", conducta considerada como una infracción muy grave. No obstante, aún falta por conocer el resultado de las alegaciones presentadas por los citados Grupos comerciales, que previsiblemente saldrá a la luz antes de que finalice el año. Si definitivamente Competencia encuentra argumentos para imponer sanciones, que podrían ser de hasta el 10% del volumen de negocio de cada agrupación, éstos únicamente tendrán la opción de recurrir la sentencia a la Audiencia Nacional, tal y como ha hecho la Asociación canaria.
Amplio respaldo de los tribunales
No obstante, por norma general, las resoluciones de la CNC han encontrado un amplio grado de confirmación ante los tribunales. Así, en el ámbito de las conductas anticompetitivas, la Audiencia Nacional ha confirmado en los seis años de existencia de este organismo el 80% de las infracciones acreditadas y sancionadas que han sido objetivo de impugnación.
Sirva como ejemplo, en este sentido, la ratificación por parte de la Audiencia Nacional, y posteriormente del Tribunal Supremo, de las millonarias sanciones que en su día impuso el Tribunal de Defensa de la Competencia a las Organizaciones empresariales que pertenecieron a la Cúpula Asociativa de Agencias de Viajes (CAAVE). Las multas, motivadas por la imposición de fees por parte de Iberia, Air Europa y Spanair, ascendieron a 1,6 millones y 1,2 millones en el caso de FEAAV y AEDAVE, provocando el cierre de ambas. La sentencia también se llevó por delante a la Asociación de Mayoristas de Viajes Españolas (AMAVE), también perteneciente a CAAVE, a pesar de que, como bien es sabido, los turoperadores no cobran gastos de gestión.
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