Aumenta la preocupación sobre el posible impacto del Air Passenger Duty, (APD, en sus siglas en inglés). A partir de abril de 2014 dicho impuesto, que grava los viajes en avión al extranjero, experimentará una fuerte subida de hasta 100 euros por trayecto en clase turista, en línea con la inflación.
Según una encuesta realizada por la Asociación de Agencias de Viajes de Reino Unido (ABTA), los propios parlamentarios son cada vez más reacios al aumento de esta tasa. El 52% reconoce el impacto perjudicial de la misma, asegurando que pone en desventaja a las empresas británicas. El mismo porcentaje afirma que el APD está dañando la posición de Reino Unido en el mercado aéreo mundial. Del mismo modo, entre los consumidores también se observa una mayor oposición a dicho impuesto, con un 41% en contra del mismo.
Para el director ejecutivo de ABTA, Mark Tanzer "es muy decepcionante que no se haya llevado a cabo una revisión adecuada". "Es evidente que hay un fuerte apoyo a cambiar el APD, tanto desde el Gobierno como de los consumidores", añade el portavoz de la Asociación, que recuerda que Irlanda "se dio cuenta de que hace más daño que bien a la economía y lo abolió a principios de año".
En la misma línea, el director de asuntos públicos de ABTA, Stephen D’Alfonso, subraya que "nos encontramos ante una oportunidad ideal para llevar a cabo un cambio en la política de fiscalidad de la aviación". Así, insiste en el "daño competitivo que supone el APD para el Turismo".
Fuerte impacto en el PIB
El APD se introdujo en Reino Unido en el año 1994 con una tasa inicial de cerca de seis euros para los desplazamientos a destinos de la Unión Europea y de unos 12 euros a otros puntos del planeta. No obstante, dicha cuantía ha experimentado numerosos incrementos, superando actualmente los 100 euros en determinadas operaciones.
Según estima PricewaterhouseCoopers (PWC), su supresión daría lugar a un aumento de alrededor de 0,45% del Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido en los primeros 12 meses, con un promedio de 0,3% los dos años posteriores. Asimismo, también implicaría la creación de unos 60.000 puestos de trabajo.
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