Por un lado, los miembros del consejo de administración y de la sociedad pública de la Generalitat, como administradora de hecho de Spanair, tendrán que pagar solidariamente 10.801.716,85 euros. Por otro, se condena a todos los consejeros y a Avançsa a la inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos durante un período de dos años.
La sentencia, con fecha del 16 de septiembre, es susceptible de recurso de apelación ante la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Igualmente, en su caso, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
