El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de octubre el Reglamento General de la Ley de Costas, dando así por concluida la reforma de la anterior legislación, vigente desde el año 1988. El cambio normativo, recurrido ante el Tribunal Consitucional por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y cinco Gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco), ha contado con el apoyo unánime de la industria turística.
Desde el prisma turístico, uno de los aspectos mejor valorados de la nueva normativa es que, a diferencia de la anterior, permitirá la modernización de las infraestructuras existentes, entre ellas las hoteleras, siempre y cuando no supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Con ello, pretende evitarse la degradación y mala imagen de edificios e instalaciones de costa debido, según exponen desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, "a las excesivas limitaciones a las obras, lo que resta competitividad al Turismo español".
Asimismo, la normativa indulta a los chiringuitos costeros, cuyo futuro se había puesto en entredicho en la anterior legislatura. Al respecto, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en el momento de su aprobación en el Congreso de los Diputados que "los chiringuitos suponen una peculiaridad de nuestra oferta turística y que solo en Andalucía generan más de 40.000 empleos".
El empresariado turístico, a favor del cambio
En el largo proceso de reforma de la Ley de Costas numerosos representantes del Sector han mostrado su respaldo a la propuesta del Gobierno. Entre otros, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha destacado que el cambio normativo dota de "mucha más agilidad a los empresarios y permite la mejora de las instalaciones", todo ello ligado al "uso sostenible" del litoral. "Playas y costas hay muchas en el mundo, pero aquí las hemos convertido en un recurso turístico, y queremos que esto siga siendo así", subrayan.
Por su parte, la Mesa del Turismo estima que la aplicación de la propuesta del anterior Gobierno habría supuesto la desaparición de 450.000 pequeñas empresas, mientras la del Ejecutivo actual "beneficia al empleo y a la economía". A su juicio, la nueva normativa "evitará la pérdida de un millón de empleos y velará por zonas protegidas", ya que "impide que se efectúen nuevas ocupaciones de terreno".
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