Siempre ha habido gente que prefiere el apartamento al hotel y siempre ha existido una normal y legal convivencia con esa actividad. Ahora, las grandes multinacionales que impulsan el alquiler vacacional han convencido a la gente de que no está de moda que te limpien la habitación o te atiendan en recepción, sino que es mejor irse a una vivienda en un edificio lleno de vecinos sin apenas control, sin accesibilidad, sin servicios… En realidad, la mayoría de la gente que opta por esta fórmula lo hace exclusivamente por una razón económica. Pues nada, montemos bares en terceros pisos de residenciales y talleres en azoteas.
Así, obtenemos una cama en una casa a la mitad de precio que un hotel y eso nos hace renunciar a comodidades que antes dábamos por sentadas. ¿Cómo pueden vender más barato? Es obvio: porque no pagan lo mismo que un alojamiento tradicional, construido este en una parcela turística más cara al tratarse de una infraestructura concebida para su uso por parte de turistas (60 metros de solar por cama).
Sin embargo, las viviendas vacacionales se erigen en suelo residencial, con otro precio, y probablemente ninguna cuente con esos 60 metros por plaza exigidos. Y si hablamos de servicios, no pagan ninguno porque simplemente no los ofrecen, con lo que si no se dan servicios esta actividad no generará ni un solo empleo. Es curioso, esta realidad contrasta con el interés de algún que otro político en regular por ley el número de empleados que deben tener los hoteles. Alguien se ha vuelto loco, ¿seré yo?
Vivimos un ataque continuo al sector turístico, al que se acusa falsamente de no crear empleo mientras, por otro lado, se permite que el alquiler vacacional compita de forma desleal con nuestra actividad. La llegada de turistas a España aumenta año tras año y las pernoctaciones en establecimientos reglados caen. Hace falta ir a la universidad para entender esto.
Pero tranquilos, nuestros políticos se ocuparán de la "viejecita" que alquila su vivienda para complementar su renta y ayudar a sus hijos que no tienen trabajo. Falso. A quienes ayudan es a propietarios de segundas viviendas que en muchos casos ni siquiera son residentes en España y que ni por asomo tributan en nuestro país -a ver quién les cobra el IGIC-, o a entidades bancarias con un inmenso parque inmobiliario en zonas de costa en todas las Islas y que no saben cómo sacarlas al mercado.
Con una ley laxa estas viviendas serán un chollo para inversores extranjeros, perfectamente canalizadas por algunos despachos de abogados, al tiempo que fomentamos otra burbuja especulativa con la construcción de nuevas casas, aprovechando un buen momento turístico para que luego queden vacías cuando la vaca se quede flaca. Por no hablar de que la gran mayoría de estas viviendas son de autoconstrucción -a saber en qué suelo están construidas- y pretenden convertirlas en oferta turística cuando ni siquiera tienen la categoría de residencial.
Son los mismos políticos que llevan 40 años diciéndonos que el uso turístico es especial y tiene que estar separado del residencial. Por eso miden nuestras habitaciones, los vatios que tienen que tener los secadores o los servicios que tenemos que dar para ejercer la actividad. Se preocupan de defender el turismo del petróleo al tiempo que, con carácter urgente, lo dilapidan con este borrador de decreto tan laxo.
Está bien que cada uno defienda lo suyo y a quienes yo defiendo no son menos que quienes, con varias casas, no declaran en su mayoría lo que reciben, no contratan a nadie y muchas veces pagan en B a gente que cobra el paro.
Al final, llego al triste convencimiento de que si es justo legislar así esta actividad no sería menos justo deslegislar la hotelera y que aquí haga todo el mundo lo que quiera. ¿Saldrá ganando la marca Canarias, que tanto nos ha costado construir?
