Así lo han explicado en la presentación de dicha alianza su presidente, Juan Ortiz, y su secretario general, Cándido Conde Pumpido, que han aclarado que en los casos precedentes de Air Madrid y Air Comet la administración pública "no tenía una participación tan clara". Los abogados explican que el Código de Consumo de Cataluña, que entró en vigor en enero de 2011, obliga a las empresas a tener un seguro para cubrir compras superiores a 100 euros. Por ello, pedirán a Spanair que aclare su poseía esta cobertura obligatoria y, en caso de no haberlo contratado, solicitarán la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por no velar por el cumplimiento de la ley.
La alianza, que representa a unos 2.500 perjudicados por Spanair, acudirá en primer lugar al proceso concursal en representación de sus clientes y estudiará las demás vías jurídicas para reclamar a agencias de viajes, entidades financieras y compañías aseguradoras. Durante la rueda de prensa, Ortiz ha resaltado que "no se pueden permitir más quiebras de aerolíneas como las de los últimos años, ya que afectan mucho a la imagen de España y a un sector tan importante como el Turismo". En este sentido, ha confirmado que solicitarán al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un cambio normativo y de carácter procesal en España para que se cumpla en reglamento europeo de reclamaciones colectivas.
Por otro lado, el titular del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona ha aceptado tramitar el concurso voluntario ordinario de acreedores de la compañía aérea, presentado el pasado 30 de enero. El juez ha descartado tramitar el concurso necesario, que presentaron diferentes acreedores, por resolver que el voluntario se presentó antes y que dificultaría un acuerdo rápido de extinción de contratos, con la consecuente desprotección de los trabajadores de la aerolínea. En el auto se hace un llamamiento a los acreedores para que presenten la existencia de sus créditos en el plazo de un mes, tras la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
