En la que es su tercera causa en Mallorca por este supuesto delito, Ruiz-Mateos ha optado por guardar silencio ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, quien le había citado por segunda vez bajo el apercibimiento de que podría ser detenido en caso de que no acudiese a su cita judicial. La primera vez que fue llamado a declarar en este caso fue el 22 de febrero, si bien finalmente no acudió alegando problemas de salud.
Durante una comparecencia de más de tres horas, el hijo del empresario jerezano, quien actuó como avalista en esta operación, ha manifestado que quien fuese patriarca de Nueva Rumasa era quien tomaba las decisiones y ha asegurado desconocer los términos concretos de la operación, desvinculándose por tanto de las negociaciones, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Junto a ambos imputados también ha sido emplazada a declarar la supuesta testaferro de Ruiz-Mateos, María Susana Álvarez Ampuero, quien ha manifestado que firmaba como apoderada y administradora de dos de las empresas avalistas en esta operación, Complejo Bodeguero Bellavista y Free Size. La encausada, que permaneció en los Juzgados con gafas de sol y la cabeza cubierta por un pañuelo, está al frente de unas 60 sociedades de Nueva Rumasa.
Compraventa hotelera
En concreto, la querella de esta causa afirma que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la entidad Free Size Slu, que según el escrito está en manos de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al frente de la mercantil se encuentra la imputada Álvarez Ampuero.
La totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".
