El acuerdo «no supone en ningún caso el cierre del palacio ni el cese de su actividad«, ha recalcado la concejala de Administración Pública, Carmen García Bernal. El conjunto de los grupos políticos de la corporación municipal, representados en la junta general, a excepción del PP que se ha abstenido, han ratificado el sentido del acuerdo de disolución adoptado el 29 de julio en primera instancia y de forma unánime por el consejo de administración del ente.
Con este paso se da cumplimiento al requerimiento de 22 de julio del Ministerio de Hacienda que ordenaba la disolución de la sociedad por pérdidas en sus cuentas de 2013 y 2014 por unos importes de 18.803 y 4.620 euros, respectivamente. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en vigor desde 2012, contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias que a fecha de 1 de diciembre de 2015 no hubieran corregido su situación financiera.
El anterior equipo de Gobierno del Partido Popular no implementó en plazo las oportunas medidas de corrección para evitar la disolución de la mercantil y ahora «la única opción legal es la liquidación», ha señalado la concejala. La resolución se adapta a los informes emitidos por el secretario y el interventor municipales que aclaran que «lo que nos pide el ministerio es el acuerdo de liquidación, no el inicio del proceso de disolución», ha recalcado, sin que quepa opción de formular alegaciones.
El acuerdo de la junta general lleva aparejado la designación de la empresa encargada de llevar a cabo el balance de cuentas y la liquidación del consorcio, un proceso que «salvo imprevistos» se pretende pueda estar concluido antes del cierre del actual ejercicio de 2016. El liquidador realizará un informe económico financiero, que recogerá la situación real de la empresa a fecha de hoy. Dentro de ese procedimiento de liquidación se iniciará la transferencia del personal al servicio del palacio hacia la plantilla municipal.
Potenciar el palacio
García Bernal ha insistido en que la disolución de la mercantil no supone el cese de la actividad ni el cierre del Palacio de Congresos de Torremolinos. A este respecto, la concejala ha indicado que el único cambio es que «la gestión será llevada a cabo desde el propio ayuntamiento, que es el concesionario directo del convenio de explotación del palacio que se mantiene con TurEspaña».
«La relación y el contrato siguen existiendo, y el interés municipal es reflotarlo. El palacio es una joya que tenemos y lo va a ser aún más con el desarrollo del mayor centro de ocio de Andalucía» proyectado por Intu en las fincas colindantes, ha añadido.
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