Las plataformas del alojamiento alegal están siendo desenmascaradas por quienes las ampararon: Ayuntamientos de izquierda radical que sufren las contraindicaciones de su propia medicina. Problemas de convivencia ciudadana, encarecimiento de los alquileres, expulsión de vecinos en barrios céntricos y tematización de centros urbanos. Una excesiva turistificación, que ha puesto en pie de guerra al electorado natural de los ayuntamientos del cambio y es un palo en las ruedas de sus candidaturas.
Los Ayuntamientos de grades ciudades turísticas como Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid o Valencia, que en algunos casos han señalado a la hotelería como el problema, recurren ahora a la normativa hotelera para intentar poner coto a su verdadero problema: los pisos turísticos alegales. Coinciden así con los hoteleros que, desde hace años, piden reglas iguales para todos, mientras los ayuntamientos del cambio imponían la peor ley que existe: la del embudo. Con la parte ancha y laxa para el alojamiento colaborativo y una cada día más estrecha y exigente para los hoteles.
Los Ayuntamientos ‘del cambio’ apelan ahora a la aplicación de regulación hotelera al mal llamado alojamiento colaborativo
Coinciden también con el Ministerio de Hacienda y las Haciendas autonómicas y locales, para las que bajo la falsa pátina colaborativa lo que hay es una creciente economía sumergida, cuya opacidad fiscal hurta recaudación fiscal tanto en los ingresos que perciben los arrendadores como en la intermediación en las reservas de las plataformas.
O la amenza que supone para el empleo de calidad y el sistema de pensiones y la Seguridad Social una actividad —falsamente colaborativa— que basa su competitividad frente al alojamiento reglado, en el uso intensivo de empleo sumergido que, al eludir cotizar a la Seguridad Social, es un gran fraude para el sistema de empleo y pensiones.
O la opacidad de una falta de datos sobre los clientes alojados que, a juicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, afectan tanto a la seguridad ciudadana como a la lucha antiterrorista, que añora la ficha de policía hotelera.
Sin olvidar los agujeros negros que representa para Sanidad y Consumo, por la carencia de una seguridad alimentaria que está asegurada en los establecimientos hoteleros, y en materia de higiene, seguros y garantías para la protección al consumidor, en contraste con la inmensa normativa que regula la hotelería en España.
Investigaciones y estudios del máximo rigor, como el que dirige la profesora Juliet Schor, de la Facultad de Sociología del Boston College, ponen cada vez más al descubierto el lado oscuro de la economía colaborativa. Estudios que están siendo divulgados, paradójicamente, por los medios proclives a ayuntamientos del cambio.
Nunca es tarde para rectificar, aunque parte del daño ya esté hecho y hoy parezca difícilmente reparable.
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