10/05/2018@06:00:00
El
Ayuntamiento de Valencia se toma en serio el impacto generado por el
boom del denominado alojamiento colaborativo. Con el objetivo de frenar la actividad ilegal que se esconde tras el mismo,
ha intensificado las inspecciones para detectar qué inmuebles no cumplen con la normativa recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o bien no están inscritos en el registro de la Agencia Valenciana de Turismo. A todas aquellas viviendas que no estén regularizadas se les da un plazo de dos meses para corregir su situación y, en caso de que esto no suceda,
se les prohíbe el alquiler vacacional.
