Decíamos que la cesión de la titularidad y el control de aeropuertos a Gobiernos autonómicos, especialmente los de mayor tráfico y más rentables, no solo no es garantía de una mejora en la gestión, sino de lo contrario. Descentralizar la gestión aeroportuaria no solo será más caro —al perderse las economías de escala derivadas de la actual concentración— sino que, con toda probabilidad, resultará mucho más ineficiente.
Precisamente cuando es un clamor la necesidad de soslayar duplicidades —en especial en unas Administraciones públicas perentoriamente obligadas a ahorrar costes— anteponiendo eficacia y una mayor austeridad, a la ineficiencia y el derroche; resulta particularmente anacrónico que se impulse desde el Gobierno un proceso de descentralización como el de aeropuertos, que responde más a ambiciones políticas periféricas que al empeño por que los servicios públicos funcionen cada día mejor.
Es importante reiterar que un país con una red tan extensa de aeropuertos —de cuya economía depende del Turismo—, no debiera permitirse el lujo de multiplicar sus costes y de jugar con la eficiencia en el estratégico sector del transporte aéreo. La ceguera que se deriva de ser políticamente correctos respecto a las disfunciones del sistema autonómico y la cesión de competencias de AENA, no por razones operativas sino como moneda de cambio política, debiera tener enfrente a un Sector que —como en el cuento del traje nuevo del emperador— debiera proclamar sin miedo que, en este asunto, el rey está desnudo. Y la desmembración de AENA no es precisamente la mejor alternativa, ahora que pintan bastos en las cuentas públicas, y que el café para todos ha dejado de ser sostenible.
En eso estábamos cuando, en respuesta a la creciente exigencia de los mercados, llegó la enésima vuelta de tuerca de las políticas de ajuste. Y el flamante portavoz de un Gobierno en tiempo de descuento anuncia la privatización minoritaria de AENA (que asegura el mantenimiento de un doble control: el del accionista y el del regulador), así como la externalización de la gestión de los hub de Madrid y Barcelona, a cambio de dinero en efectivo para reducir deuda. Una iniciativa ante la que la Oposición muestra su airado rechazo, probablemente porque le hurta una de sus "medidas de emergencia".
Sea como fuere, la decisión de privatizar parte de la titularidad y la gestión de aeropuertos, que probablemente sea completada por un futurible Gobierno presidido por Rajoy, es acertada tanto por lo que persigue (reducir deuda) como por lo que evita (atomizar la gestión de nuestros aeropuertos).
Haciendo de la necesidad virtud, el ministro de Fomento —cuyo subsecretario, Jesús Miranda, reitera su firme apuesta por la intermodalidad, en declaraciones al diario Nexobús— ha puesto las bases para, al tiempo de hacer caja tal y como dictan los mercados, contener el insostenible laberinto institucional en que parece ha devenido la España de las Autonomías.
Sorprende, no obstante, que una medida de tan gran calado para un sector clave de la economía española que es el Turismo, no haya sido debatido con el Empresariado sectorial. Una rémora que, ojalá, corrija el Gobierno entrante.
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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