Ryanair sale derrotada en su conflicto con las agencias de viajes. La compañía aérea irlandesa acumula ya cuatro sanciones distintas por intentar invalidar la mediación de este canal de ventas. La low cost, que fue multada con 120.000 euros por competencia desleal a Atrápalo, Rumbo y Lastminute por diferentes tribunales nacionales, se enfrenta ahora a una sanción de 22.300 euros impuesta por la Direción General de Consumo del Gobierno balear.
Los hechos se remontan al verano de 2008, cuando Ryanair demandó a varias agencias online por vender billetes de avión sin su consentimiento. La aerolínea acusaba a estos ‘portales’ de "cobrar más a los consumidores con tasas ocultas y precios inflados". Sin embargo, la justicia desestimó la denuncia, reconociendo a las agencias de viajes legalmente acreditadas su derecho a comercializar sus pasajes al considerar que estas empresas no precisan de la autorización de la compañía aérea para llevar a cabo su actividad de mediación.
Pasividad de la mayoría de Comunidades
La última sanción corresponde al expediente abierto por la Dirección General de Consumo de Baleares a raíz de la denuncia interpuesta por Facua-Consumidores en Acción. Dicha organización recuerda que tras la amenaza de Ryanair a los pasajeros, decidió demandar a esta aerolínea ante las autoridades de consumo de las 17 Comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Consumo (INC), si bien este último "se desentendió del caso". Facua-Consumidores en Acción indica que el anuncio de Ryanair provocó "un aluvión de consultas" de viajeros "preocupados por la posibilidad de que la aerolínea los dejase en tierra", algo que, a su juicio, era "ilegal, dado que los billetes ya habían sido emitidos, por lo que existía una obligación contractual entre la compañía aérea y los usuarios".
Según indica la organización, la Agencia Catalana de Consumo le comunicó el pasado mes de mayo la apertura de un expediente sancionador a la aerolínea, pero todavía no le ha aclarado si culminó en multa. Mientras, Facua-Consumidores en Acción critica al INC por "desentenderse de la demanda argumentando que carece de competencias en materia de control y sanción". En este sentido, lamenta la "pasividad" de la mayoría de Comunidades y que el Ministerio de Sanidad y Política Social "ni siquiera respondiese con un informe valorando jurídicamente las amenazas de Ryanair y los perjuicios que provocó a sus usuarios".
