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Así, la cadena mallorquina estima que «hay pruebas que evidencian que la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica es premeditada» ya que, asegura, ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental.
«La hotelera ha respetado la normativa»
Parte de la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica se ha centrado en argumentar la comisión de infracciones por parte de RIU, pero la hotelera subraya su historial de respeto a la normativa y se desmarca de cualquier infracción que se le impute.
RIU asegura que la resolución del departamento del Gobierno central mencionado, se basa en «argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y tergiversan la realidad física del inmueble», ya que aseguran que no es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido, o que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión. Además, ratifica que no es cierto que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión. Así mismo, recuerda que, tras la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, el organismo no tiene legitimación competencial.
«Se trata de una estrategia premeditada»
La hotelera considera que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica es «escandalosa» y que se trata del colofón de una estrategia premeditada, que arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión. RIU argumenta que esta decisión estaba prefijada de antemano y que se han buscado los argumentos necesarios posteriormente, habiendo una clara manipulación de los hechos.
Por otro lado, la cadena denuncia que el citado departamento del Gobierno central haya obstaculizado cualquier actuación por parte de RIU para mejorar las instalaciones del hotel; dilatando durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas.
