La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aceptado que el contrato de la operadora pública supere la duración de cinco años al considerar que ya ha justificado los criterios que la Ley Ferroviaria exige para ello, especialmente el referido a las inversiones. El organismo regulador de la competencia indica que Renfe ha argumentado y justificado dichos criterios en las alegaciones que remitió después de que a comienzos de abril rechazara validar su contrato con Adif por considerar que no cumplía los requisitos para ser de diez años.
Renfe ha argumentado y justificado dichos criterios en las alegaciones
«La nueva documentación aportada por Renfe recoge detalladamente la flota y la inversión que realizará para prestar el servicio comprometido con Adif», indica la resolución de la CNMC. «La información inicialmente comunicada por la compañía se correspondía con su plan global de prestación de los servicios AVE, no desglosaba ni especificaba la información de los corredores» que se abren a la competencia, según detalla la Comisión.
Una vez que se ha dado el visto bueno al contrato de la operadora ferroviaria con Adif para el AVE, este documento y el de los dos nuevos operadores competidores quedan listos para su firma. Con esta rúbrica, el proceso de la liberalización del transporte de viajeros en tren en España queda ya listo para que el próximo 14 de diciembre este mercado se abra y Renfe empiece a tener competencia, inicialmente en las tres referidas líneas AVE, Barcelona, Valencia y el que une Madrid y Sevilla.
No obstante, la CNMC recuerda que, según la normativa europea, a partir de 2023 se debe sacar a concurso público la prestación de los servicios sujetos del contrato vigente de prestación de obligaciones de servicio público (OSP). Cuando llegue ese momento, este acuerdo marco podría restringir la entrada de competidores en este mercado. Por este motivo solicita a Adif Alta Velocidad que aplique lo previsto en la normativa ferroviaria para modificar, si fuera necesario, la capacidad marco adjudicada a Renfe.
Impacto del Covid-19
De otro lado, la Comisión reguladora de la competencia es consciente de la situación generada por la crisis del Covid-19 y de su impacto económico. Por este motivo, considera que los efectos de la pandemia deben tenerse en cuenta para posibilitar, de forma justificada, la modificación de los acuerdos marco sin penalizaciones, tal como se recoge en las resoluciones aprobadas el pasado 6 de abril de 2020.
Sin embargo, han rechazado las alegaciones de Adif en las que pide una ampliación del plazo para garantizar suficientes ingresos al gestor y para una gestión eficiente de la red ferroviaria. En este sentido, la experiencia europea pone de manifiesto que la liberalización se traduce en mejoras en la calidad del servicio y un mayor número de viajeros, que revierte en más ingresos para el gestor y facilita el uso del transporte ferroviario, que es una pieza básica en el proceso de transición ecológica.
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