Tanto los representantes del transporte por carretera como el aéreo consideran que las tarifas del AVE son «precios políticos por debajo de coste y que pueden ser consideradas ayudas de Estado». Por esta razón, tanto Asintra como ACETA se plantéan recurrir ante las autoridades de competencia nacional y europea. Por su parte, desde Renfe sostienen que «la política tarifaria se ajusta a la legalidad y a los criterios empresariales», a la vez que admiten que todo aquel que se sienta perjudicado «está en su derecho de utilizar los cauces oportunos para reclamar».

