La resolución del Banco Mundial (a través del CIADI) constata que Argentina no dio un trato justo y equitativo en 2008, cuando dictaminó la expropiación del grupo aéreo a los españoles. Como se recordará, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz adquirieron Aerolíneas (en manos del Estado español) a través de la SEPI, por una peseta. Se desprendía así el Gobierno español de esta patata caliente, que había acumulado pérdidas millonarias, tanto en manos españolas como bajo la gestión norteamericana, con American Airlines.
La compra de Aerolíneas, que había sido la tabla de salvación del grupo, se convirtió en su lápida
La estrategia en política económica del presidente González, que se orientó a la internacionalización de la economía española en Iberoamérica, resultó un fiasco en el caso del grupo aéreo. Tras los frustrados intentos de reflotar Aerolíneas, la veterana compañía (y su filial Austral) tocaron fondo cuando llegó a suspender operaciones, dejando Argentina sin transporte aéreo. Es en esta adversa situación cuando Pascual y Díaz Ferrán aceptan el ofrecimiento de Jarabo, presidente de la SEPI (antes INI), y se hacen cargo de Aerolíneas, asumiendo un compromiso clave: levantar la suspensión de operaciones y mantener los puestos de trabajo. Cosa que hicieron. Ante el descontrol contable, la SEPI firmó el compromiso de asumir la potencial deuda oculta que no figurase en los balances: un enorme agujero de 900 millones.
En un grupo aéreo perdido en su propio laberinto, tanto por el chantaje de sindicatos peronistas como a causa del saqueo al que le sometían sus trabajadores, y con toda la flota en tierra más una acuciante carencia de liquidez, los copropietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, asignaron la gestión al heterodoxo Antonio Mata (dueño de un tercio de Aerolíneas), que asumió la dirección y el control del grupo, desde un convulso Buenos Aires que se asemejaba más al Chicago de los años ’20 que a la ciudad que es hoy.
A los 348 millones (de los 1.500 que reclamó Marsans) de indenmización por la abrupta expropiación de Aerolíneas, se sumarían los 250 millones de dólares que Marsans entregó a Airbus en 2007, a modo de señal al encargar 73 nuevos aviones para renovar las flotas de Aerolíneas y Austral. 250 millones de dólares con los que Díaz Ferrán y Pascual habrían remediado gran parte de la difícil situación que ya sufrían algunas de sus empresas. En suma, con estos 600 millones el Grupo Marsans sí habría cubierto sus necesidades y superado la quiebra empresarial.
La compra de Aerolíneas, que había sido la tabla de salvación del principal grupo turístico español, se convirtió en su lápida. Llevando a la cárcel al presidente de la CEOE y a la muerte prematura al líder asociativo del Sector Turístico. Los dueños de Marsans incurrieron en delito fiscal cuando pagaron a los proveedores de Aerolíneas con importantes quitas, intentaron poner a salvo su patrimonio cediendo el grupo al testaferro Ángel del Cabo a través de Posibilitum. Y ante la llegada de la crisis, se vieron desbordados por el desplome del consumo, cometiendo graves incumplimientos (y errores de bulto), que perjudicaron tanto a empresas del Sector como a sus clientes y a pasajeros de sus aerolíneas.
Entre los más furiosos acreedores estaban los medios de comunicación, que respondieron a los impagos con una implacable artillería informativa que precipitó el fin de Marsans.
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