El Gobierno de Canarias saca a información pública la modificación del Decreto de Intermediación Turística. Con este cambio normativo, consensuado por todas las Comunidades, pero hasta ahora solo aprobado por unas pocas (Andalucía, Cataluña, Galicia y La Rioja, entre otras), se persigue reforzar las garantías de los consumidores en la prestación de los servicios que ofrecen estas empresas.
Según la información publicada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de Canarias, el plazo para presentar alegaciones es de únicamente ocho días (expira el próximo 24 de abril) debido a que se trata de una tramitación urgente. Una vez superada esta fase, el siguiente paso será la publicación del mismo en el Boletín Oficial de Canarias, tras lo cual las agencias dispondrán de un periodo de dos meses para constituir o complementar, en su caso, las garantías establecidas en esta norma.
Canarias cumple con lo acordado en la Mesa de Directores de Turismo
El cambio más significativo es el aumento de avales, que a priori será el mismo en todas las Comunidades autónomas, tal y como se acordó en la Mesa de Directores Generales de Turismo. Una vez entre en vigor el nuevo decreto, el importe a garantizar será el correspondiente a un 5% del volumen de negocios derivado de los ingresos por venta de viajes combinados, con un mínimo de 100.000 euros.
Hasta ahora, en la práctica totalidad de las Comunidades se requería avales por importe de 60.000 euros a las minoristas, 120.000 a las mayoristas y 180.000 a las minoristas-mayoristas. Al respecto, el Gobierno canario argumenta que «los vigentes importes de las garantías son muy bajos en comparación con los pagos que cabe esperar reciban muchas agencias de viajes, e inadecuados en el caso de pequeñas y medianas empresas, que podían perderse en supuestos de quiebra e insolvencia».
‘Los vigentes importes de las garantías son muy bajos’, argumenta
Con la nueva normativa se pretende conseguir que exista un sistema de garantías que permita la repatriación de todos los consumidores afectados por la insolvencia o quiebra de un organizador o detallista, así como el reembolso completo de los pagos anticipados a todos los consumidores afectados por la insolvencia o quiebra. A estos efectos, la insolvencia se entenderá producida tan pronto como, a consecuencia de los problemas de liquidez del organizador o del minorista, los servicios de viaje dejen de ejecutarse, no vayan a ejecutarse, o vayan a ejecutarse solo en parte, o cuando los prestadores de servicios exijan su pago a los viajeros. Producida la insolvencia, la garantía deberá estar disponible, pudiendo el viajero acceder fácilmente a la protección.
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