‘Frontal oposición’ a la incorporación de una garantía adicional
Al igual que CEAV, que incluso amenazó con denunciar al Gobierno, ACAVE muestra su «frontal oposición» a la incorporación de una garantía adicional de responsabilidad contractual. Según argumenta, la nueva Directiva comunitaria «es de máximos, lo que implica que los gobiernos de los Estados miembros no pueden ir más allá», como estaría haciendo el Ejecutivo español con esta disposición.
Además, ninguno de los países en los que ya se ha transpuesto la Directiva han incorporado una garantía de este tipo, motivo por el cual existe el riesgo de que las agencias de viajes españolas sufran una desventaja competitiva respecto a las empresas establecidas en cualquier otro punto de la Unión Europea. Por todo ello, ACAVE solicita la eliminación de la garantía de responsabilidad contractual incluida en el proyecto de Ley, solicitando que se mantenga solamente la garantía de insolvencia financiera.
Retraso en la transposición
Otra de sus peticiones es que se establezca, tal y como autoriza la nueva Directiva de Viajes Combinados, un régimen de responsabilidad en función del ámbito de gestión de la agencia minorista y de la organizadora del viaje. La Asociación se opone al régimen de responsabilidad solidaria previsto en el proyecto de Ley, dado que «resulta totalmente desproporcionado hacer responder a la agencia minorista de todos los incumplimientos producidos en los servicios incluidos en el viaje combinado, cuando ésta actúa únicamente como intermediaria entre organizador y cliente».
Por último, insta al Gobierno a respetar el plazo de seis meses de adaptación previsto en la Directiva. Al respecto, explica que la transposición tenía que haber sido aprobada antes del 31 de diciembre de 2017, sin poder ser de aplicación antes del 1 de julio de 2018. Ante el evidente retraso, ACAVE requiere que se respete este plazo de seis meses de adaptación a la nueva normativa que implicará importantes cambios para las agencias de viajes.
«Las empresas deben disponer del tiempo suficiente para realizar la adaptación, tal como se prevé en la propia Directiva, siendo del todo improcedente que en el proyecto de Ley se prevea la entrada en vigor el 1 de julio de 2018, cuando a día de hoy se trata de una norma en proceso de trámite parlamentario, subraya el presidente de la Asociación, Martí Sarrate, quien sentencia que «el retraso del Estado en la aprobación de la norma, no puede suponer un perjuicio para las empresas«.
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